Tras una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa clave del Gobierno orientada a reactivar la inversión, enfrentar el desempleo y dinamizar la economía. El texto —que acumuló más de 1. 600 indicaciones— terminó estructurándose principalmente en torno a las modificaciones ingresadas por el propio Ejecutivo.

Esto, luego de que una parte significativa de las enmiendas parlamentarias fuera declarada inadmisible por tratar materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Las indicaciones que no prosperaron incluían cambios sustantivos en áreas como inteligencia artificial, empleo y contrataciones públicas. Principales normas aprobadas La mayoría del articulado fue visado por la comisión.

Entre las disposiciones aprobadas por unanimidad destacan la ampliación del incentivo al retiro en el sector público, mayores atribuciones de fiscalización para Aduanas y facilidades de pago otorgadas por la Tesorería General de la República. En materia económica, se aprobaron —por mayoría— tres ejes centrales del proyecto impulsado por el Gobierno: La reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría, que bajará de 27% a 23% entre 2026 y 2029. La reintegración del sistema tributario, permitiendo imputar completamente el impuesto pagado por las empresas a los tributos de sus propietarios.

La invariabilidad tributaria por 25 años para nuevas inversiones. Asimismo, se dio luz verde a una serie de medidas orientadas al sector inmobiliario y a la ciudadanía, como la exención transitoria de IVA para la compra de viviendas nuevas, la ampliación de beneficios para inmuebles DFL2 y la exención de contribuciones para adultos mayores sobre su vivienda principal. En el caso de las pymes, la tasa permanente del impuesto de primera categoría se reduce de 25% a 23% para las empresas acogidas al régimen Pro Pyme, cuya aplicación regirá a partir de 2029, una vez finalicen los beneficios transitorios vigentes.

Uno de los artículos más relevantes fue el primero, aprobado por unanimidad tras un extenso debate. Este eleva el fondo de reconstrucción de $800. 000 millones a $1.

200. 000 millones, ampliando además su cobertura para incluir los incendios en Ñuble y Biobío en enero de 2026, además de los siniestros de Valparaíso de 2024. También se aprobó la ampliación de exenciones municipales para zonas afectadas por incendios, permitiendo rebajas o eliminación de cobros por urbanización y construcción a proyectos de reconstrucción en Ñuble y Biobío —sumándose a Valparaíso—, y el artículo 5 que reduce de dos años a seis meses el plazo para impugnar permisos sectoriales.

Normas rechazadas Pese al avance general del proyecto, la comisión rechazó algunas disposiciones relevantes. Entre ellas, la eliminación de la franquicia Sence, que buscaba ampliar su uso para financiar estudios conducentes a títulos o grados académicos con cargo a este beneficio. Tampoco prosperó una norma sobre propiedad intelectual que pretendía permitir el uso de obras protegidas —como textos, imágenes o sonidos— sin autorización ni pago, en el contexto de desarrollo de inteligencia artificial.

A esto se sumó el rechazo del artículo sobre compras públicas, que proponía reforzar estándares de probidad y transparencia en contratos de obra pública, incluyendo restricciones para contratar familiares de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. El proyecto continuará ahora su tramitación en las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo, para luego ser discutido en la Sala de la Cámara durante las sesiones programadas para el martes 19 y miércoles 20 de mayo.