El gobierno de José Antonio Kast tomó una decisión que dice mucho sobre cómo entiende hoy el rol de Chile en el mundo: retiró su apoyo a Michelle Bachelet ante la posibilidad, todavía abierta, de que compita por la Secretaría General de la ONU. No es un gesto menor. Es una definición.

Aquí no solo está en juego una candidatura. Está en juego una señal país. Porque más allá de las divisiones que Bachelet pueda generar en Chile, hay un hecho difícil de discutir: tiene redes, visibilidad y reconocimiento internacional.

Es, probablemente, una de las figuras chilenas con mayor posicionamiento global en el sistema multilateral. Y, aun así, Chile decidió no respaldarla. La explicación es conocida: costo político interno.

Apoyarla implicaba validar a una figura que el oficialismo ha cuestionado durante años. Era tensionar su narrativa, incomodar a su base y abrir un flanco innecesario. El problema es que esa lógica, efectiva en política doméstica, se debilita cuando se proyecta hacia el plano internacional.

Porque la política exterior no es solo una extensión de la disputa interna. También es un espacio de legitimidad y de influencia. Desde la mirada de Jürgen Habermas, la legitimidad de una decisión no se agota en su coherencia interna, sino en su capacidad de ser justificada en una esfera más amplia.

Y ahí es donde esta decisión se tensiona: puede ser consistente hacia dentro, pero pierde fuerza cuando se observa desde fuera, donde lo que se espera es continuidad, racionalidad estratégica y sentido de Estado. A eso se suma otro elemento clave. Joseph Nye planteó que los países no solo influyen por su poder duro, sino por su capacidad de proyectar liderazgo, credibilidad y figuras con reconocimiento internacional: lo que denominó “soft power” (poder blanco).

En ese plano, Bachelet no es solo una ex Presidenta. Es parte del capital simbólico de Chile en el mundo. Sin embargo, el gobierno optó por leerlo como un problema interno.

Transformó una oportunidad de proyección internacional en un cálculo doméstico. Retiró el apoyo y dejó instalada una señal compleja: cuando se trata de figuras que no son propias, el país no actúa como Estado, sino como gobierno. Ese es el punto más delicado.

Porque abre una duda de fondo muy válida: ¿hasta qué punto la política exterior de Chile seguirá siendo una política de Estado, y no una extensión de las disputas internas? Mientras tanto, otros países sí operan bajo otra lógica. Brasil y México han entendido que, más allá del resultado, hay valor en posicionarse, en construir alianzas y en participar de la conversación global.

Chile decidió restarse. Y en política internacional, restarse también comunica. Comunica límites, prioridades y el marco desde el cual un país decide actuar.

Porque no todo se trata de ganar. Muchas veces se trata de estar, de jugar y de construir presencia. El gobierno del presidente Kast optó por no hacerlo.

Y en ese tipo de decisiones, el problema no es lo que se evita. Es lo que se deja pasar. Y si finalmente Bachelet llega a la Secretaría General de la ONU, la discusión ya no será sobre su mérito ni sobre su trayectoria.

Será mucho más directa y dirigida: ¿alguien en Chile va a asumir la responsabilidad política de haber decidido no respaldarla?