Según Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, el efecto neto de suspender este impuesto sería cercano a un 10%, "lo que implica un impacto directo en el bolsillo de las familias". "El principal beneficio de esta iniciativa es la reducción inmediata del precio de venta. Al eliminarse el gravamen, el costo de adquisición de una vivienda podría disminuir significativamente, permitiendo que sectores de clase media, que hoy se encuentran en el límite del financiamiento bancario, puedan calificar para créditos hipotecarios", afirmó el ejecutivo.

También aseguró que la medida puede tener un “fuerte componente económico”, considerando que “la construcción es uno de los principales motores de la economía nacional debido a su capacidad para generar empleo rápido y su encadenamiento con otras industrias. La eliminación del impuesto incentivaría la salida del stock acumulado de viviendas y fomentaría el inicio de nuevos proyectos, revitalizando la inversión privada”. Por otra parte, a juicio de Claudia Sepúlveda, gerente inmobiliaria de GPS Property, "que una eventual rebaja tributaria se traspase íntegramente y de manera inmediata al precio final de las viviendas con entrega inmediata —que serían las únicas que podrían acceder al beneficio— plantea desafíos tanto desde el punto de vista operativo para las inmobiliarias como en términos de fiscalización por parte de la autoridad".

"A ello se suma que se trataría de un incentivo de carácter transitorio, con una vigencia limitada a un año, cuyo principal objetivo sería acelerar la venta del stock de viviendas terminadas que hoy se mantiene disponible en el mercado", agregó. Además, sostuvo que "las viviendas sociales no están afectas al IVA. En consecuencia, en el caso de los proyectos DS19 —vivienda de integración social— esta eventual rebaja temporal del impuesto no tendría un impacto directo en los precios de las unidades".

¿Qué dicen los tributaristas? A juicio de Claudio Bustos, abogado tributarista y socio de Bustos Tax & Legal, esta es una medida “que va en la dirección correcta y que debiera fundamentalmente beneficiar a la clase media del país”. Mientras que Vicente Furnaro, abogado socio de Tax Defense, comentó que "todo lo que implique rebajar el sobrestock inmobiliario debe ser bienvenido.

Si bien las personas de menores recursos que compran con subsidio hoy no pagan IVA y este proyecto no apunta en su beneficio, sí permitirá dar mayor dinamismo al mercado inmobiliario en general". Dicho eso, destacó la relevancia de dejar bien regulada la transitoriedad normativa, los hechos que marcan la apertura y cierre de la ventana “y dejar bien definidos los proyectos (finalizados o en curso) que se verán beneficiados con esta medida, evitando grises normativos que pudieran dificultar su aplicación”.