A través de una carta abierta fechada el 2 de abril de 2026, dirigentes del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Correos de Chile emplazaron a las nuevas autoridades de Gobierno, asumidas el pasado 11 de marzo, a nombrar con urgencia un nuevo directorio para la empresa estatal, advirtiendo un complejo escenario interno marcado por despidos, incertidumbre laboral y cuestionamientos a la gestión administrativa de los últimos años. En el documento, los dirigentes manifestaron su preocupación ante la continuidad del actual directorio, señalando que, pese al cambio de gobierno, este seguiría adoptando decisiones estratégicas y proyectando iniciativas de mediano y largo plazo en una institución con más de 275 años de historia y presencia en todo el territorio nacional, incluyendo zonas donde, según destacan, el sector privado no llega por falta de rentabilidad, cumpliendo así un rol social clave en la conectividad del país. El sindicato sostiene que la empresa arrastraría más de una década de malas administraciones, atribuidas —según su visión— a directorios y altos cargos sin la experiencia necesaria, lo que habría derivado en una estructura sobredimensionada, con múltiples niveles gerenciales que no aportarían a una gestión eficiente.

A su juicio, esta situación habría impactado directamente en los resultados financieros, reflejados en balances negativos sostenidos en el tiempo. Asimismo, acusan que durante años se habría privilegiado la designación de cargos directivos por criterios de cercanía más que por trayectoria, generando una administración fragmentada y sin una estrategia integral. En contraste, señalan que las medidas de ajuste se habrían concentrado en trabajadores sindicalizados, mediante planes de egreso incentivado y despidos, sin afectar significativamente a la plana ejecutiva.

Los dirigentes aseguran haber advertido esta situación por más de diez años a distintas autoridades, incluyendo gobiernos, parlamentarios y el Sistema de Empresas Públicas (SEP), sin obtener respuestas concretas. Incluso, indican que sus denuncias habrían sido desestimadas y, en algunos casos, enfrentadas con amenazas legales por parte de la administración. El punto más crítico, según la carta, se evidenció en 2025, cuando más de 700 trabajadores fueron desvinculados en distintos procesos, situación que se habría extendido en 2026 bajo el argumento de “problemas de gestión”.

El sindicato cuestiona esta explicación, señalando que no existiría un sistema de evaluación de desempeño consensuado con las organizaciones sindicales, acusando la implementación unilateral de mecanismos internos. El documento también advierte sobre el deterioro del clima laboral, describiendo un ambiente de temor e incertidumbre entre los trabajadores, quienes —afirman— enfrentan diariamente la posibilidad de ser despedidos, lo que estaría afectando su salud mental y el funcionamiento interno de la empresa. En esa línea, los dirigentes recalcan que Correos de Chile es una empresa estatal que debe autofinanciarse, sin recibir aportes fiscales, y que históricamente ha demostrado ser viable bajo administraciones eficientes.

Por ello, enfatizan la necesidad de contar con un directorio y equipos ejecutivos con experiencia comprobada, capaces de garantizar su sostenibilidad. Finalmente, el sindicato hizo un llamado directo tanto al Gobierno como a los actuales integrantes del directorio a facilitar una transición, solicitando la renuncia de estos últimos para permitir el nombramiento de nuevas autoridades. Según indican, esta medida sería clave para restablecer la estabilidad laboral, mejorar la gestión y asegurar la continuidad operativa de una empresa considerada estratégica para la conectividad nacional.

La carta concluye reiterando la urgencia de adoptar decisiones que permitan superar la crisis, resguardar los empleos y fortalecer el rol público de Correos de Chile en beneficio de todos los habitantes del país.