“Quien no sabe la verdad sólo es estúpido, pero quien la sabe y la llama mentira es un criminal” Bertolt Brecht. Guillermo Scherping. Profesor.

Valparaíso. 15/5/2026. La Ministra de Educación, recién a dos meses de asumir, ha expresado la voluntad de “pausar” la aplicación de la Ley 21.

040, Nueva Educación Pública, lo que ha sido ratificado por el Presidente de la República. De este modo instala, de facto, un nuevo mecanismo legislativo en Chile, “pausar” las leyes. Imaginemos que esto aplique a las leyes económicas y de inversión: la ministra, el Presidente y el gran empresariado pondrían el grito en el cielo invocando certeza jurídica, reglas claras para todos, visión estratégica, estabilidad de la política pública, respeto al Estado de Derecho, el mismo que se tuerce, a como dé lugar, cuando se trata de la Ley de Nueva Educación Pública, que guarda estrecha relación con el mejor aseguramiento del Derecho Social a la Educación por parte del Estado.

Hace solo cuatro meses, el Parlamento aprobó y el anterior gobierno promulgó las modificaciones a la Ley de Nueva Educación Pública que busca aprender del proceso implementado, corregir errores y fortalecer la Educación Pública, modificaciones enfocadas en fortalecer la gestión de los SLEP, mejorando infraestructura, aumentar la fiscalización municipal en la implementación de la Ley y asegurar la continuidad educativa durante la transición. Previamente se ajustó, dando más tiempo a la implementación de los nuevos Slep. Todo lo anterior consideró las malas y buenas experiencias desde que se inició la implementación de la Ley con el Gobierno de Sebastián Piñera II.

El debate legislativo fue extendido y transversal. ¿Por qué la ministra, si tenía tal claridad de “pausa”, no lo dijo a la Comisión de Educación del Parlamento en tal ocasión? La mayoría de las críticas a los Slep que se han escuchado por estos días, están resueltas en la nueva ley.

Entonces ¿por qué se insiste? Los medios de comunicación hegemónicos, como una cantinela pretenden convencer que los Slep son malas palabras, La ministra se reúne con 70 Alcaldes, y saca evidencias para “pausar”, aunque no se reúne con los 169 alcaldes con experiencias en Slep, con los cuales se han firmado convenios de cooperación, estableciendo alianzas estratégicas. Tampoco se consideran las evidencias de avances en matrícula, aprendizajes, infraestructura, relación con los Centros de Madres y Padres, Centros de Alumnos, Colegio de Profesores, Asociaciones de Asistentes, Asociaciones de Funcionarios, Equipos Directivos.

Es cuestión de revisar lo que dice El Centro de Estudios del Mineduc, para evidenciar los avances positivos del proceso, que son mucho más que sus falencias, estas últimas, por lo demás, consideradas en la Ley de Enero del presente año. Haría bien en reunirse con los Consejos Directivos de los Slep en implementación y en régimen. Como también con los Consejos Locales de Servicios Locales de Educación Pública, todos electos democrática y universalmente, por Estudiantes, Centros de Madres y Padres, docentes, Asistentes de la Educación, Representantes de la Educación Superior del territorio.

La evidencia seria de los principales centros universitarios de estudios en educación, sus libros y publicaciones y el Consejo Asesor del Sistema de Educación Pública, en sus diversos y completos informes, recomiendan perfeccionamientos y profundizar en la educación pública chilena, pero en ningún caso pausar la implementación de la ley. Mucho menos una pausa que en verdad es ¡congelar! En el momento que escribo, se anuncia la orden de invalidar los concursos cerrados, al que postulan los mejores funcionarios educacionales de comunas pertenecientes a Municipios de Slep en proceso de implementación.

La Dirección de Educación Pública, ya ordenó reducciones presupuestarias a los Slep en régimen. Suspendió en los Servicios en implementación la contratación de funcionarios, lo que hace imposible que dichos Slep entren en régimen en enero 2027. Todo ello financiado en la Ley de Presupuesto de la Nación.

No solo se congela una ley que lleva un 51% de progreso en el país, la mayoría durante el gobierno pasado, sino que se genera un clima de desprestigio, incertidumbre, incerteza, en madres y padres, respecto de la matrícula de sus hijos e hijas. Si a esto sumamos el proyecto de Ley que busca “flexibilizar” la Ley de Inclusión, que reguló la admisión, elimina el lucro y el copago en educación, resulta evidente que se busca liberalizar las condiciones de desarrollo de la educación privada subvencionada. Si convencen al país lo “mala” que es la educación pública y liberalizan la apertura de nuevos colegios privados subvencionados, la joya de la corona es la matrícula.

Es imprescindible llevar el debate al seno de la familia, se requiere de docentes activos y comprometidos, de estudiantes críticos y conscientes de su educación pública, perfeccionar con propuestas, abandonar la educación pública, nunca.