El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó la aplicación de un nuevo ajuste presupuestario en sus servicios dependientes, en línea con la instrucción del Ministerio de Hacienda de ejecutar un recorte transversal del 3% en el gasto público. Según detalló la cartera mediante un comunicado, la reducción alcanza aproximadamente los $46 mil millones, medida que —aseguran— se implementó resguardando la continuidad de los servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados a la atención directa de personas. Lee también...

Propuesta de recorte de Hacienda en Justicia apunta a cerrar programa de Derechos Humanos Viernes 24 Abril, 2026 | 17:10 Este nuevo recorte se suma al ya efectuado en enero de 2026, cuando se aplicó una rebaja adicional de $10 mil millones en el marco de la emergencia económica que enfrenta el país. Gendarmería concentra el mayor ajuste En términos nominales, el servicio más afectado es Gendarmería de Chile, que concentra el mayor monto del recorte con $17 mil millones. No obstante, debido a su elevado presupuesto —que asciende a $693,7 mil millones según la Ley de Presupuestos 2026—, se trata proporcionalmente del ajuste más bajo dentro de la cartera, equivalente a un 2,4%.

Un escenario similar enfrenta el Servicio Médico Legal, que también registra una reducción proporcional de 2,4%, aunque con un impacto menor en términos absolutos: $1. 640 millones, considerando su presupuesto inicial de $69 mil millones. Distribución del recorte en el resto de los servicios El ajuste también afecta a otros organismos dependientes del ministerio.

En orden decreciente, las reducciones son: Subsecretaría de Justicia: $9. 693 millones. Servicio de Reinserción Juvenil: $7.

676 millones. Registro Civil e Identificación: $7. 141 millones.

Defensoría Penal Pública: $2. 070 millones. Subsecretaría de Derechos Humanos: $870 millones.

Este recorte se da en un contexto de estrechez fiscal y de medidas impulsadas por Hacienda para contener el gasto público. De hecho, en los últimos días ya se había generado debate por propuestas de ajuste dentro del Ministerio de Justicia, particularmente por eventuales modificaciones o cierres de programas vinculados a derechos humanos. En ese escenario, la cartera ha buscado enfatizar que las reducciones actuales apuntan a una redistribución interna que no comprometa la operación crítica del sistema, en especial áreas sensibles como el sistema penitenciario, la identificación civil y la defensa penal.