Soledad, dependencia y ciudades poco adaptadas: las deudas del envejecimiento en Biobío El envejecimiento de la población en la provincia de Biobío dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad concreta que tensiona el presente y redefine el futuro del territorio. Así lo confirman los resultados del Censo 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que evidencian un crecimiento sostenido de las personas mayores, junto con una disminución de la población joven y de las cifras de natalidad, configurando un escenario que desafía tanto a los sistemas públicos como a la organización de las ciudades. Con más de 421 mil habitantes, cerca del 15% de la población provincial tiene hoy más de 65 años, una cifra que ha aumentado de forma constante en las últimas décadas, según datos del INE.
En comunas como Quilleco, Antuco, Quilaco, Yumbel y Nacimiento, el índice de envejecimiento —que mide la cantidad de personas mayores por cada 100 menores de 14 años— ya supera las 130, reflejando una transformación particularmente intensa en sectores rurales. A nivel local, esta tendencia se manifiesta con fuerza en comunas como Los Ángeles, donde el 14% de sus más de 219 mil habitantes corresponde a personas mayores, un incremento significativo respecto del 10,9% registrado en 2017. En conversación con La Tribuna, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Los Ángeles reconocen que este cambio demográfico tensiona la gestión local y obliga a repensar políticas públicas.
"La población adulta mayor ha experimentado un crecimiento sostenido, tanto en términos absolutos como proporcionales", indican desde la unidad municipal. Ante esto, el desafío ya no es solo asistencial, sino estructural porque impacta también, en el sistema previsional y en el mercado laboral, en un contexto donde disminuye la población en edad activa y surgen nuevas necesidades de inclusión para personas mayores. Aunque el envejecimiento es un fenómeno global —impulsado por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida—, en Biobío ocurre a un ritmo particularmente acelerado y en un contexto de desigualdad territorial que complejiza aún más la respuesta institucional.
SOLEDAD, DEPENDENCIA Y FALTA DE INFORMACIÓN Uno de los principales problemas que enfrentan las comunas es la ausencia de un catastro consolidado que permita identificar con precisión a las personas mayores que viven solas o en situación de dependencia. En el caso de Los Ángeles, los datos se encuentran dispersos en distintos sistemas —como el Registro Social de Hogares, la atención primaria de salud y programas del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama)— lo que dificulta una planificación integral. Aun así, algunas cifras permiten dimensionar el fenómeno.
Solo en el Programa Vínculos se registran cerca de 3. 929 personas mayores que viven solas y pertenecen al 40% más vulnerable, de acuerdo con antecedentes municipales, evidenciando una problemática silenciosa donde el aislamiento y la falta de redes de apoyo se transforman en factores críticos. Se trata de una realidad que no es exclusiva de la capital provincial.
En Yumbel, si bien existe un catastro que agrupa a más de 29 organizaciones de personas mayores, desde el municipio reconocen que aún es necesario avanzar hacia un sistema más completo que permita identificar situaciones de dependencia y vulnerabilidad con mayor precisión. PROGRAMAS QUE AVANZAN En términos de respuesta, los municipios han desarrollado diversas iniciativas orientadas a promover el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En Los Ángeles, el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) se ha consolidado como un espacio clave de encuentro, acompañamiento y desarrollo de actividades recreativas.
A ello se suman talleres, apoyo a clubes y la articulación con programas estatales. En Yumbel, en tanto, el trabajo se articula desde la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Adulto Mayor, en coordinación con la red de salud y organizaciones sociales, incorporando acciones de promoción de la salud, apoyo funcional y acompañamiento social. Sin embargo, en ambos casos existe un diagnóstico común: los esfuerzos actuales no logran cubrir la totalidad de la demanda, especialmente en sectores rurales o en grupos que no califican como vulnerables, pero que igualmente requieren apoyo.
"Existen desafíos importantes, particularmente en cobertura territorial y acceso a prestaciones profesionales", reconocen desde el municipio de Los Ángeles, una situación que también se replica en comunas más pequeñas. INFRAESTRUCTURA Y CIUDADES POCO ADAPTADAS Otro de los puntos críticos es la infraestructura. Las ciudades, en gran medida, siguen pensadas para una población joven, lo que genera barreras en accesibilidad, transporte y uso del espacio público para las personas mayores.
En el caso de comunas como Los Ángeles y Yumbel, este desafío se acentúa por la dispersión territorial y la amplia ruralidad, donde la conectividad y el acceso a servicios básicos siguen siendo limitantes relevantes. En ese contexto, el municipio angelino ha definido como prioritarias iniciativas como la construcción de un nuevo edificio consistorial y la concreción de un Hospital de Mediana Complejidad, proyectos que buscan mejorar la atención y acercar servicios a la comunidad, especialmente a la población mayor. Desde el ámbito urbano, el desafío también es evidente.
La presidenta del Colegio de Arquitectos de Los Ángeles, Gabriela León, advierte que la infraestructura ha comenzado un proceso de adaptación, pero aún insuficiente frente a la velocidad del cambio demográfico. Según explica, la entrada en vigencia de la Ley 20. 422 en 2010 marcó un punto de inflexión en materia de accesibilidad universal, posteriormente reforzada en 2016 con la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Estas normativas establecen condiciones técnicas que hoy deben cumplir los espacios públicos y edificaciones, incorporando elementos como rampas, ascensores, recorridos accesibles y señalética adecuada. "Todos los edificios y espacios públicos diseñados bajo estas normativas deberían permitir un desplazamiento adecuado y seguro para las personas", señala León, enfatizando que estos estándares no solo benefician a personas con discapacidad, sino también a personas mayores, embarazadas o personas con movilidad reducida. Sin embargo, advierte que la adaptación es desigual.
"La preparación de una provincia para sostener una población mayor va a depender directamente de cuántos proyectos se han desarrollado bajo estas exigencias", explica. En ese sentido, recalca que gran parte de las ciudades aún arrastra una infraestructura antigua que no responde a estas condiciones. En términos concretos, detalla que la arquitectura orientada a personas mayores exige soluciones específicas: accesos sin desniveles, rampas con pendientes controladas —que pueden extenderse varios metros según la altura a salvar—, puertas de al menos 90 centímetros de ancho y circulaciones amplias que permitan el tránsito de sillas de ruedas.
En edificaciones de mayor altura, agrega, se vuelve indispensable la incorporación de ascensores o sistemas como salvasillas. DESAFÍO URBANO A nivel urbano, también se incorporan elementos como pavimentos podotáctiles, que permiten a personas con discapacidad visual orientarse en el espacio público. "Todas estas exigencias buscan eliminar soluciones que con el tiempo se ha comprobado que representan un riesgo", puntualiza.
León añade que este proceso seguirá profundizándose con nuevas regulaciones. A partir de octubre de 2025, entró en vigencia una actualización de la reglamentación térmica, que elevó los estándares de construcción en viviendas y residencias, exigiendo mayor eficiencia en muros, techumbres y ventanas, además de un mejor control de ventilación e infiltraciones de aire. Esto, explica, tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en zonas con condiciones climáticas más exigentes.
Pese a estos avances, la arquitecta insiste en que el desafío no es solo normativo. "Las comunas están en un proceso de adecuación", afirma, recordando que las actuales exigencias llevan poco más de una década en aplicación frente a más de un siglo de desarrollo urbano. En esa línea, propone un cambio de enfoque: pasar de una lógica de adaptación a una de integración.
"Debemos pensar en ciudades que permitan a las personas mayores mantenerse activas, no en espacios que las aíslen", sostiene. Para ello, plantea la necesidad de fortalecer el diseño de espacios públicos, incorporando ciclovías continuas, corredores ecológicos y áreas que fomenten la interacción social y el bienestar. En la provincia de Biobío, donde amplias zonas rurales presentan baja densidad poblacional, estos desafíos se intensifican.
Las distancias hacia centros de salud, la falta de transporte y la limitada oferta de servicios profundizan las brechas y dificultan el acceso oportuno a atención y apoyo.