Tras una larga espera, desde el segundo mandato de Sebastián Piñera, finalmente, es muy posible que Chile tenga una nueva Ley de Patrimonio a fines de 2026 y, de esta manera, actualice y refresque una institucionalidad anclada en 1925. Una ley cuyo diseño original y primeras etapas estuvo a cargo del entonces subsecretario Emilio de la Cerda, que volvió al cargo el 11 de marzo de este año. El arquitecto, exdirector de la Escuela de Arquitectura UC, exdirector de Patrimonio Cultural UC y exasesor en temas culturales y patrimoniales de la campaña de Evelyn Matthei, detiene su activa agenda para, sentado en su oficina en el Palacio Pereira, abordar su regreso y los alcances de esta ley.

Tras asumir el cargo, sigue ligado a la UC como profesor asociado, donde imparte el curso de Taller de Titulación en el Magíster de Arquitectura de la PUC. -¿Por qué quiso volver a la subsecretaría? -Son decisiones de la autoridad.

Creo que una de las razones por las cuales me invitan a volver es principalmente por el cierre del proceso de la Ley de Patrimonio Cultural. No es lo único. Tenemos toda una agenda de infraestructura patrimonial, de temas de mejoramiento del Consejo de Monumentos, de patrimonio inmaterial, de Agenda Unesco.

Pero volviendo a la ley, ese desafío se aceleró fuertemente en los últimos tres gobiernos, partiendo por el proceso que se inició en el 2019 con el ingreso a la ley original, luego la indicación sustitutiva del 2021, en Piñera II. Me tocó estar muy involucrado en eso. En el escenario actual, donde en los últimos años esa preocupación de modernización derivó hacia el concepto de la permisología y la crisis con los temas arqueológicos, entre otros asuntos, se consideró que la experiencia que yo he tenido en los gobiernos anteriores podía servir para llevar esto a buenos finales.

-¿Cuál es su visión hoy respecto del patrimonio? -He visto que la discusión patrimonial se ha desplazado desde una mirada más integral de modernización hacia una que enfoca mucho más en la discusión de los permisos, la burocracia y el desarrollo económico. Frente a esa traslación, pienso que la experiencia previa puede servir mucho para equilibrar y ponderar los factores de manera distinta, más en una búsqueda de compatibilizar patrimonio con el desarrollo y no establecer de antemano que el patrimonio es un lastre al desarrollo.

Me llama mucho la atención que cuando se ingresaron las indicaciones a la Ley de Patrimonio Cultural en el 2024, quien anunció las indicaciones fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y lo metieron como un paquete de permisología. Esa performance instaló en el imaginario la idea de que la Ley de Patrimonio era una ley de permisología, cuando nunca ha sido eso. “Por otro lado, está la experiencia del estallido social, porque a nosotros nos tocó estar en el ministerio cuando fue el estallido, que supuso un estrés muy grande de nuestros bienes culturales –una destrucción, vandalización, relativización de su valor cultural– y en ese entendido nos tocó tomar medidas de catastro, registro y algunas más de intervención directa, como el retiro del Baquedano, que fue el más emblemático.

Creo que esa experiencia previa de los equipos también se valora como algo que puede aportar en el momento actual”, dice De la Cerda. -La Ley de Patrimonio, ¿por qué es urgente sacarla? -Chile tiene la primera institucionalidad patrimonial en 1925, que crea el Consejo de Monumentos Nacionales, las categorías de monumento histórico, monumento público y monumento arqueológico, y establece el sistema de protección que reconoce el interés público de bienes culturales independientemente de su régimen de propiedad.

En 1970 ese decreto se transforma en la Ley de Monumentos Nacionales: se mantiene el Consejo de Monumentos, se cambia un poco su composición, pero se mantiene su lógica centralizada, se mantienen las tres categorías mencionadas, y se amplían con la zona típica y pintoresca y el Santuario de la Naturaleza como nueva categoría. Pero la ley consolida una estructura que ya empezaba a mostrar sus fisuras: centralizada, que no contempla beneficios económicos, compensaciones, subsidios, herramientas de gestión del patrimonio ni descentralización. Por eso ya desde los mismos años 70 se empieza a discutir la necesidad de modificar esta norma.

Emilio de la Cerda explica que “más estructuralmente, desde Bachelet I, se empezó a discutir el Instituto del Patrimonio, que no prosperó. Luego, en Piñera I, se elaboró un proyecto de ley que quedó archivado en parte porque quedó vencido por la nueva discusión del Ministerio de Cultura. En ese proceso se decidió exprofeso no tocar la Ley de Monumentos y enfocarse solo en el tema institucional.

Y es en Piñera II cuando nos tocó implementar el ministerio, se trabajó en el proyecto de ley que recogía la experiencia previa y se ingresó en 2019”. La nueva Ley del Patrimonio contempla tres ejes básicos: la actualización de la institucionalidad, que incluye revisar la composición del Consejo de Monumentos y la descentralización. La discusión conceptual, trasladando desde la lógica monumental a la patrimonial, incorporando paisajes culturales, bienes muebles, archivos, sitios de memoria, itinerarios culturales, patrimonio inmaterial e indígena.

Y, finalmente, la gestión del patrimonio, con armonización de instrumentos de planificación territorial, financiamiento con subsidios y beneficios tributarios, y el sistema de fiscalización. -Ha sido largo el proceso. -Se ingresó una indicación sustitutiva en 2021 y se aprobó la ley en la Cámara de Diputados en 2022, justo antes del cambio de Gobierno.

Luego, el Presidente Boric frenó el proyecto casi dos años. Más ligado a la segunda administración del Ministerio de las Culturas, con la ministra Arredondo y la subsecretaria Pérez, se dieron cuenta de que había un consenso muy amplio y se impulsó una consulta indígena que arrojó compromisos con los distintos pueblos indígenas de Chile. De la Cerda lo dice claro: “Nuestro objetivo es sacar la ley del Congreso este año”.

-¿Cómo es que esta ley podría aportar a los sitios de patrimonio mundial que tenemos en Chile? -Uno de los temas que los Estados comprometen cuando ratifican la Convención de Patrimonio Mundial, y cuando inscriben un sitio, es que van a poner al servicio de esos sitios todas las herramientas con las que el Estado cuenta para su salvaguardia y preservación. Lo digo porque las herramientas del Estado están diseñadas no para los sitios Unesco específicamente, sino para el global de la materia.

Entonces, lo primero que tenemos que cautelar es que las herramientas con las que contamos sean adecuadas tanto para los sitios Unesco como para otros sitios. En ese contexto, creemos que las disposiciones de la ley avanzan sustantivamente, incorporando criterios internacionales: el foco en la gestión, el paisaje urbano histórico, los subsidios, la armonización de instrumentos de planificación territorial, e incluso incorporar categorías como los paisajes y los itinerarios culturales, que nos ubica en el núcleo de la doctrina internacional referida a la convención. -¿Y respecto del financiamiento?

-Todos los inmuebles patrimoniales que no tengan fines comerciales mantienen su 100% de exención de pago de contribuciones; para los que tienen fines comerciales, el acuerdo con Hacienda es del 50% de la exención. Para los inmuebles que están en zonas típicas o en zonas de conservación histórica, se contempla la posibilidad de acceder a un beneficio tributario de impuesto a la renta con un tope anual de 320 UTM por rol. Si el 6% de todos esos roles hiciera uso del beneficio tributario a su tope máximo, estaríamos hablando de un orden de 22 mil millones de pesos al año, que es más que cualquier fondo patrimonial que hemos tenido.

El subsecretario De la Cerda se detiene en el tema del subsidio: “Tener la facultad de que el Minvu pueda llamar, en coordinación con Cultura y Hacienda, a subsidios específicos para patrimonio cultural, para zonas patrimoniales. Eso significa desde muros de contención, repavimentación de calles, iluminación, hasta inyectar nuevas viviendas en áreas patrimoniales. Y, específicamente respecto del patrimonio mundial, mencionado en la ley, estamos incorporando indicaciones para señalar que también se pueden llamar subsidios específicos para sitios Unesco”.

-Debate ha generado la posibilidad de un recorte presupuestario en programas de sitios Valparaíso-Unesco. -Lo que ha salido a la luz pública es un oficio, no es un decreto, que emana el Ministerio de Hacienda a todos los ministerios sectoriales, para indicar lo que, a juicio de Hacienda y de Dirección del Presupuestos, constituirían espacios de mejora y replanteamiento en cuanto a ciertas iniciativas de inversión pública. Pero la decisión de política pública en cultura la elabora el Ministerio de Cultura, tomando todos los datos y consideraciones y propuestas, sobre todo algo tan importante como el tema presupuestario.

Y ese oficio es parte de los insumos a considerar para el exploratorio presupuestario, en una propuesta de Ley de Presupuestos que ingresa al Congreso y que luego se discute con los parlamentarios para la aplicación de ese financiamiento en 2027. Es, por lo tanto, un antecedente preliminar. “Llevado eso al tema de los sitios de patrimonio mundial: nosotros creemos que algunos de los programas que aparecen señalados en el oficio admiten mejoras”, explica el subsecretario.

Patrimonio en desuso, reúso adaptativo, Baquedano -En un reciente estudio de Nupats, registramos que el 12% de los monumentos históricos en seis ciudades chilenas –Iquique, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Concepción y Punta Arenas– se encuentran en abandono o subutilizados. ¿Cómo se explica? -No me parece deseable, pero no me llama tanto la atención, porque muchas veces la patrimonialización de un bien cultural tiene que ver con un movimiento que busca preservar algo que está bajo algún nivel de amenaza: sea porque viene un terremoto o porque hay un proyecto inmobiliario para transformarlo, por ejemplo.

Hay una acción, uno podría decir, antinatura, que busca controlar esa pérdida inminente, y esto viene desde que empezó la regulación patrimonial moderna, después de la Revolución francesa y la Revolución Industrial. “Pero luego está toda esta discusión –no solo chilena– de que al limitar la intervención en atención a su interés público y no vincularlo a la gestión y al uso, muchos inmuebles aceleran su proceso de obsolescencia y no encuentran un uso alternativo. Esto tiene que ver también con los marcos conceptuales: durante el siglo XX corrió muy en paralelo la idea de la vanguardia con la idea de la preservación, como dos corrientes que se empezaron a cruzar recién probablemente en el posmodernismo, cuando empiezan las críticas al funcionalismo, a lo abstracto que era respecto a la historia”, dice De la Cerda.

-Actualmente se habla bastante de “reúso adaptativo”. -Efectivamente. El tema del reúso adaptativo entró, además, con una arista nueva: lo ecológico.

Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, arquitectos franceses que ganaron el Pritzker en 2021, son conocidos por su defensa a la no demolición y de la reconversión de lo que te llegue, sea o no patrimonial: una planta industrial ya quemó su huella de carbono, tiene memoria, tiene cubierta y uno la puede transformar en algo. El gran desafío de vivir el patrimonio hoy día –y esto lo decía Fernando Pérez Oyarzún– es no tanto cómo tú intervienes sino qué uso nuevo le das. -¿Cómo ve los monumentos públicos hoy, posestallido de 2019?

-Nos impresionaba mucho entre 2011 y 2014, cuando me tocó estar en Monumentos Nacionales, que los monumentos públicos parecían ser la categoría más obsoleta y menos importante del momento. Era una relación de indiferencia, casi de aseo y ornato, una responsabilidad municipal. Me parece que, en diez años, y con el estallido social, eso cambió completamente.

De repente se transformaron, junto a lo que ocurrió en el mundo, con la escultura Roosevelt, los esclavistas americanos en el sur de Estados Unidos, Isabel la Católica en México y Bolivia, por ejemplo. Hay una mirada desde las propias comunidades –territoriales y funcionales–, pero también hay que entender que la comunidad no es una garantía de lo correcto. Hay comunidades heterogéneas, hay conflictos sobre un mismo bien cultural.

Lo veo entre arqueólogos y el mundo indígena respecto a un cuerpo humano. Y entender muy bien qué rol le compete al Estado respecto a ese debate es fundamental. Cuando confundes el rol del Estado como un buzón de esas demandas y crees que la agenda estatal es la sumatoria de todo eso, estás perdiendo el foco.

-¿Y Baquedano? -Respecto a la Plaza Baquedano, hoy con Baquedano, Gabriela Mistral y el monumento revolucionario donado por la Comunidad Italiana, me parece que es de las mejores soluciones que hay. Nosotros incluso durante el estallido veíamos que ese era un camino posible.

Baquedano no volvió al mismo lugar, volvió a otro: ya no está la rotonda. Cuando cambia el lugar y el contexto, cambia el monumento. Baquedano ya no es el monumento en el túmulo que tú podías rodear; ahora es parte de una explanada con otros monumentos.

Y eso lo hemos discutido muy poco: la discusión ha sido binaria –si vuelve o no vuelve Baquedano–, cuando aquí nadie gana y nadie pierde. Me parece que el espacio simbólico cambió y yo creo que eso es una buena noticia. -¿Qué le parece el monumento de Gabriela Mistral?

-Tengo distancias con el monumento a la Mistral, porque creo que el proceso para elegir el proyecto ganador fue un mal concurso de arte, fue una licitación con construcciones y fue un poco apresurado. Me parece bien la figura de la Mistral ahí; el problema es que el proceso no estuvo a la altura. Incluso el monumento ya tiene problemas de conservación a menos de un año de inaugurado.

Pero mi punto no es con la Mistral sino con que el espacio simbólico cambió, y eso es una buena noticia.