El régimen talibán en Afganistán promulgó una nueva normativa de derecho familiar que permitirá los matrimonios con menores de edad en determinadas circunstancias, consolidando nuevas restricciones sobre los derechos de las mujeres y niñas en el país. El decreto, denominado “Principios de separación entre cónyuges”, fue ratificado por el líder supremo talibán, mulá Hebatulá Ajundzada, y establece que los matrimonios concertados por familiares distintos del padre o el abuelo podrán considerarse legalmente válidos si cumplen criterios de “compatibilidad social” y contemplan una dote considerada adecuada. La normativa, compuesta por 31 artículos, regula las condiciones para la disolución, anulación o separación forzada de matrimonios, basándose en una interpretación estricta de la jurisprudencia islámica hanafí.
El texto aborda situaciones vinculadas al matrimonio infantil, desaparición del marido, apostasía, separación obligatoria y acusaciones de adulterio. Uno de los aspectos más controvertidos es que la ley permite que menores puedan solicitar la anulación del matrimonio una vez alcanzada la pubertad, aunque únicamente mediante una orden judicial. El reglamento también endurece las condiciones para que las mujeres obtengan el divorcio.
Según el texto, si una mujer denuncia malos tratos, hostilidad o vulneración de sus derechos, un juez no podrá conceder la separación si considera que el abuso puede resolverse “por otros medios” o si el esposo no entrega su consentimiento. Además, el artículo 7 establece que el silencio de una mujer virgen que haya alcanzado la pubertad frente a una propuesta matrimonial será interpretado automáticamente como consentimiento. En cambio, el silencio de un hombre o de una mujer previamente casada no tendrá esa validez legal.
La nueva legislación se suma a otras medidas impulsadas por el régimen talibán desde su retorno al poder en 2021, las cuales han eliminado gran parte de las normas de protección para las mujeres y restringido severamente su participación en la vida pública, educativa y laboral. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que estas regulaciones institucionalizan restricciones de género dentro del sistema legal afgano y consolidan una interpretación radical de la ley islámica impulsada por el régimen de Kabul.