La Tesorería General de la República (TGR) puso en marcha un nuevo proceso de cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), en un escenario marcado por el fuerte aumento de este pasivo, que alcanza los $4 billones en 2025, ocho veces más que en 2018. La medida apunta a enfrentar un universo de más de 550 mil personas que actualmente se mantienen en mora. El organismo explicó que, en estos casos, el Estado actúa como aval, por lo que cuando un beneficiario deja de pagar, el Fisco responde ante la banca y luego asume la cobranza para recuperar los recursos públicos.

En ese contexto, el plan considera un enfoque segmentado según nivel de ingresos, diferenciando entre quienes podrán acceder a convenios de pago y aquellos que enfrentarán acciones judiciales. Desde la TGR hicieron un llamado a los deudores a regularizar su situación. "El objetivo es facilitar la regularización, resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones", señalaron, enfatizando la disponibilidad de mecanismos para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Lo anterior, ocurre en medio de un creciente debate sobre el CAE. La semana pasada, en el marco de esta discusión, el Gobierno llamó a autoridades a regularizar sus deudas morosas. "Que se pongan al día porque no quieren que se expongan a una situación como esta frente a la opinión pública", afirmó el presidente José Antonio Kast, abriendo la puerta a transparentar la situación de quienes no estén al día.

En ese contexto, un análisis reciente identificó a ocho diputados y al menos seis autoridades de Gobierno -entre delegados y seremis- como deudores morosos a diciembre de 2025, con montos que fluctúan entre poco más de un millón y hasta $40 millones, lo que ha intensificado la presión política y pública para avanzar en la regularización de estas obligaciones. Acciones judiciales para deudores de mayores ingresos Uno de los puntos centrales del plan apunta a los deudores con ingresos mensuales superiores a $5 millones, para quienes desde ahora se iniciarán cobros mediante acciones judiciales directas, sin posibilidad de acceder a convenios de pago. En estos casos, se contempla el inicio de juicios ejecutivos y eventuales medidas como embargo o retención de bienes, incluyendo fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, conforme a la normativa vigente.

Convenios acotados y gestión digital En paralelo, los convenios de pago estarán disponibles exclusivamente para personas con ingresos inferiores a $5 millones brutos mensuales, de acuerdo con la última Operación Renta 2025, y que mantengan deudas iguales o superiores a una UTM. Para ello, la TGR habilitó una plataforma digital donde los usuarios pueden realizar trámites y consultas utilizando Clave Única o Clave Tributaria. Además, quienes no cuenten con información de renta podrán adjuntar documentación como el certificado de Operación Renta o de cotizaciones previsionales.

También se contempla la posibilidad de acreditar cesantía para quienes, pese a registrar ingresos previos, actualmente no cuenten con empleo. Opciones para deudores en el extranjero El plan también incluye alternativas para quienes residen fuera de Chile y no registran cotizaciones previsionales en el país. En estos casos, podrán gestionar convenios de pago de forma remota, presentando la documentación que acredite su situación a través de los canales habilitados por la institución.