En base a esos antecedentes, Contraloría concluyó que no existían elementos para formular observaciones jurídicas respecto de lo ocurrido. “Del análisis de todos los antecedentes, no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas”, señaló el organismo. La entidad también aprovechó de recordar que, aunque las denuncias parlamentarias son atendidas con prioridad, el organismo debe distribuir sus recursos conforme a criterios de relevancia jurídica, económica y social.
En ese contexto, Contraloría explicó que el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras requiere planificación y priorización debido a las limitaciones de recursos humanos, financieros y materiales disponibles. Lea el dictamen de Contraloría en el siguiente link.