Sin mayoría propia, con una oposición fragmentada y que está aún en reacomodo tras la derrota presidencial, La Moneda optó por una estrategia que en política chilena huele a viejo oficio: dejar de negociar con bloques y empezar a hacerlo con personas. El problema es que ese mapa está lejos de ser ordenado. Hay puentes, sí.

Pero también hay dobles lealtades, agendas propias y –cada vez más– ruido interno en el propio oficialismo. Este martes, el Presidente José Antonio Kast concentrará sus esfuerzos en ordenar al oficialismo de cara al inminente anuncio de su megapack legislativo –o ley miscelánea–, con una cena en Cerro Castillo junto a los partidos de su coalición y un desayuno con el Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por Johannes Kaiser. Todo, en la antesala de la cadena nacional del miércoles, donde el Mandatario presentará el contenido del proyecto que él espera que marque el rumbo de su Gobierno.

En el Congreso, el diseño político está en manos de tres nombres que hoy concentran el poder real de negociación: el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI); el titular de la Segpres, José García Ruminot (RN); y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, que no pocos consideran un ministro “encubierto”. Los tres han sostenido encuentros privados, conversaciones informales y contactos directos con parlamentarios opositores desde antes incluso del 11 de marzo. La lógica es detectar quiénes están disponibles para conversar y aislar a los que no.

Y ahí aparece el primer dato clave: para el Ejecutivo, el Partido Comunista –liderado por Lautaro Carmona– y buena parte del Frente Amplio en la Cámara están fuera del radar. No hay espacio, al menos por ahora. Senado: socialistas en el centro del tablero Donde sí hay movimiento es en el Senado.

Y el nombre que concentra miradas es el de Paulina Vodanovic. La presidenta del PS se transformó en la principal interlocutora de La Moneda. Ha sostenido múltiples contactos con el Gobierno y, además, juega su propia estrategia: marcar distancia con el PC y el Frente Amplio.

Esa posición la vuelve clave para el oficialismo, pero también la pone en tensión interna, especialmente frente a figuras como Daniella Cicardini, que han sido una piedra en el zapato para el Ejecutivo. A su lado aparece otro nombre bien evaluado en Palacio: Alfonso de Urresti. Su historial en negociaciones y su proyección –presidirá el Senado en 2027– lo convierten en un actor estratégico para lo que viene, sobre todo considerando la agenda de nombramientos clave que se aproxima (Corte Suprema, Banco Central, Servel, entre otros).

De todas formas, las bancadas de senadores y diputados del Partido Socialista ya cerraron filas de cara a la “madre de todas las batallas”. “El Gobierno ha sido indolente e incompetente, porque no ha ofrecido soluciones para los chilenos y chilenas”, afirmó la senadora Vodanovic, integrante de la Comisión de Hacienda, tras la entrega, ayer en La Moneda, de una carta en la que el Partido Socialista rechaza la ley miscelánea. El proyecto de “reconstrucción”, según la timonel socialista, “es en realidad una reforma tributaria encubierta que favorece al uno por ciento más rico del país, y como Partido Socialista no seremos cómplices de aquello”.

En el PPD, el Gobierno identifica al senador Pedro Araya como un interlocutor con experiencia y disposición al diálogo. El parlamentario ya ha sostenido reuniones por separado con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en conversaciones centradas en materias de seguridad y defensa, aunque ha dejado claro que cualquier entendimiento debe acotarse a temas concretos como seguridad y economía. En esa línea, en una reciente entrevista con La Tercera, Araya advirtió que “pareciera que este es un Gobierno que no quiere dialogar con la oposición”, cuestionando además la escasa apertura del Ejecutivo durante la discusión de la ley de combustibles.

La DC, en tanto, es un terreno más inestable. La cercanía histórica entre García Ruminot y Yasna Provoste hacía pensar en un puente natural, pero la senadora optó por alinearse con el bloque más crítico al Gobierno. En su reemplazo emerge Francisco Huenchumilla, quien busca mantener el peso político de su partido en la Cámara Alta.

Cabe mencionar que, desde la Cámara, el diputado Héctor Barría señaló a El Mostrador que la Democracia Cristiana viene de un proceso de elecciones internas recién resuelto el domingo, lo que –a su juicio– abre una etapa de mayor rearticulación de la bancada, de cara al trabajo legislativo y a su relación con el Ejecutivo. El nuevo presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz, en tanto, sostuvo respecto de la postura frente al Gobierno de José Antonio Kast que “tenemos un deber con Chile y significa tener que sentarnos a conversar”. Cámara: DC, PPD e independientes como llaves En la Cámara de Diputadas y Diputados, el Gobierno ha optado por un enfoque aún más fragmentado.

No hay interlocución formal con bancadas completas –de hecho, los socialistas acusan que ni siquiera han sido contactados–, sino que se privilegian nombres específicos. Uno de ellos es Raúl Soto, jefe de bancada y figura en ascenso dentro del partido. Su rol es clave: ha sido crítico del rumbo de la centroizquierda tras el Gobierno de Boric, pero al mismo tiempo advierte que la megarreforma de Kast no pasará sin cambios.

Su mensaje es directo: hay espacio para dialogar, pero con “líneas rojas” y, sobre todo, con la exigencia de dividir el proyecto para evitar el llamado “efecto manzana podrida”. En la Democracia Cristiana, La Moneda ha concentrado sus esfuerzos en una bancada renovada y de perfil más conservador. Allí destacan el jefe de bancada, Jorge Díaz, y el diputado Felipe Camaño.

Sin embargo, de cara a la reforma, en el sector acusan que hasta ahora ha existido poco o nulo espacio de diálogo efectivo con La Moneda. El diputado Barría cuestionó la falta de diálogo directo con el Ejecutivo en el marco de la reforma, afirmando a El Mostrador que en la Democracia Cristiana no han sido considerados en las conversaciones que el Ministerio de Hacienda ha sostenido con otros partidos del oficialismo. Si bien ha tenido contactos con el diputado Diego Schalper (RN) en otras materias, advirtió que la ausencia de interlocución formal con el Gobierno dificulta la construcción de acuerdos.

En esa línea, planteó que en su sector existe preocupación por el diseño tributario de la iniciativa, cuestionando que, mientras se pide “apretar el cinturón” a la ciudadanía, se impulse al mismo tiempo una rebaja del impuesto corporativo, que beneficiaría a una fracción muy reducida de la población. Cabe mencionar que el diputado Schalper ha activado conversaciones con sectores de la centroizquierda, buscando viabilizar el proyecto de Escuelas Protegidas, mediante indicaciones que suavicen sus puntos más controvertidos. En ese despliegue, el parlamentario ha tendido puentes con Héctor Barría, Juan Santana (PS) y Raúl Soto (PPD), apostando a construir una mayoría con votos moderados.

La señal es clara: más allá de la línea dura que impulsa parte del oficialismo, hay quienes entienden que sin ajustes el proyecto difícilmente avanzará. Pero la jugada no es inocua. En la UDI y en Republicanos ha generado incomodidad que estos acercamientos se den sin una coordinación plena, evidenciando que, incluso antes de entrar de lleno al debate de la reforma estructural, el oficialismo ya enfrenta diferencias sobre cómo –y hasta dónde– negociar.

Otro nombre que aparece en el radar del Gobierno es el diputado Jaime Mulet, quien el próximo año asumiría la presidencia de la Cámara Baja. El parlamentario ya entregó una señal política relevante al respaldar la elección del presidente de la Corporación, lo que lo ha posicionado como un puente evidente con el oficialismo en un escenario de negociación legislativa. También comienza a aparecer en el radar Carlos Cuadrado, debutante, pero con redes en el mundo político tradicional y contactos con autoridades gubernamentales.

Y en paralelo, los independientes siguen siendo pieza clave. René Alinco mantiene una relación directa con Alvarado y ha dejado clara su postura: oposición constructiva, pero vigilante. Es decir, apoyo condicionado.

El factor impredecible: PDG Un capítulo aparte es el Partido de la Gente. Sus 14 diputados –13 sin contar al expulsado Cristián “Dr. File” Contreras– pueden inclinar votaciones clave, pero el Gobierno ha optado por mantener distancia y observar.

En ese grupo, el nombre de Juan Marcelo Valenzuela aparece como eventual puente, aunque todavía sin consolidarse. “Esperamos que nos convoquen a través de las bancadas. Estamos expectantes, creemos que es una ley que hay que separar (como plantea la oposición).

Hay bastantes puntos en la parte económica que a nosotros nos preocupan”, comentó este lunes en Radio Futuro el propio Franco Parisi. FA y PC: puertas cerradas (por ahora) Donde el Gobierno no está invirtiendo capital político es en el PC y en buena parte del Frente Amplio en la Cámara. La señal fue clara: votaciones en contra, críticas duras y una narrativa que acusa al Ejecutivo de impulsar una “refundación neoliberal”.

Eso sí, en el Senado reconocen cierta moderación inicial en figuras como Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez. Pero por ahora, nada estructural. El telón de fondo: la reforma que lo define todo Todo este despliegue ocurre mientras el Ejecutivo se prepara para ingresar su iniciativa estrella: un proyecto de ley de más de 40 medidas, con un punto particularmente conflictivo, como es la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, que el ministro García Ruminot ya calificó como “irrenunciable”.

Ahí se juega todo, porque ese proyecto no solo pone a prueba la capacidad de negociación del Gobierno con la oposición: también mide su capacidad de ordenar a su propio bloque.