Desde la agrupación Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Patrimonio Cultural (Anatrap), la presidenta Margarita Hormazábal calificó la medida como un «recorte arbitrario e inconsulto» que daña la operatividad del ministerio. La dirigenta exigió un trabajo colaborativo y vinculante, apuntando que la falta de presupuesto y dotación de personal adecuada pone en riesgo la continuidad de los servicios que el Estado debe garantizar de forma permanente a todos los habitantes de Chile. Por parte del comunicado, el Frente de Trabajadores desmintió tajantemente la premisa de un «Estado quebrado», calificándola como una idea falsa e irresponsable que ha sido cuestionada incluso por la Contraloría.
Denunciaron, además, que el recorte de más del 50% en los fondos para sitios de memoria expone una intención ideológica de desmantelar sistemas dedicados a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. La inquietud gremial se agrava con la denuncia de amedrentamientos y anuncios de nuevos despidos realizados por la autoridad a través de los medios de comunicación. Lamentaron que el ministro utilice la pantalla para enviar «recados» en lugar de establecer un diálogo directo con las organizaciones, ignorando el derecho legal de las asociaciones a participar en las medidas que afectan la estabilidad de sus trabajadores.
De este modo, las y los trabajadores invitaron al ministro Undurraga a conocer la realidad de museos, bibliotecas y archivos que hoy enfrentan graves problemas de infraestructura y falta de recursos básicos. El estado de alerta nacional finalmente busca proteger la libertad de creación y los fondos concursables, asegurando que la inversión en cultura no es un lujo ni un gasto desmedido, sino la garantía de un servicio de calidad para el desarrollo del país.