Al término del gobierno del ex Presidente Gabriel Boric, se realizó la evaluación final sobre las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada, iniciativa que tiene como misión regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. La evaluación final deja en evidencia un 63% de avance en la implementación de las 46 medidas propuestas. El análisis fue desarrollado por Chile Transparente (CHT), el que toma información pública disponible hasta el 11 de marzo de 2026, y muestra un incremento de 3 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.
A través de un comunicado, CHT destacó que "gran parte de estos adelantos corresponde a etapas iniciales o parciales, reflejando un proceso que se encuentra en materia de vías de desarrollo". "En términos generales, se puede establecer que 29 de las 46 iniciativas presentan algún nivel de ejecución o se encuentran en proceso de gestión. Entre los principales progresos destacan mejoras en los sistemas de registro y control, así como en los mecanismos de asignación de recursos públicos, incorporando mayores estándares de transparencia y trazabilidad", detallan.
Asimismo, se observan adelantos en la modernización del Registro de Colaboradores del Estado, fortaleciendo la interoperabilidad entre instituciones y la fiscalización. "En paralelo, se han introducido ajustes en el sistema de transferencias a IPSFL, privilegiando mecanismos concursables y estableciendo mayores resguardos financieros", agregan. El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa comentó que "el 63% de avance refleja que hay progresos concretos en materia de transparencia, pero que aun así deficientes para poder consolidar un sistema plenamente transparente, en la relación entre el Estado y las instituciones sin fines de lucro en Chile".
Desafíos pendientes Sin embargo, el reporte realizado también evidencia desafíos pendientes. Así, se detalla que en diversos casos, "las estrategias no han alcanzado niveles de despliegue sustantivos, manteniéndose en etapas de diagnóstico, diseño o tramitación". "Además, algunos compromisos no se concretaron dentro de los plazos definidos según el plan de acción previsto", agregan.
"Entre los principales ámbitos que requieren mayor desarrollo se puede evidenciar la creación de herramientas integradas de trazabilidad de recursos públicos, el fortalecimiento de la transparencia en ciertas transferencias específicas y la consolidación de mecanismos institucionales permanentes que aseguren la continuidad de estas reformas", detallan desde CHT. Agregan que la evaluación también "evidencia diferencias en el ritmo de progreso según los actores responsables, reflejando distintos niveles de ejecución entre el Ejecutivo, el Congreso Nacional y los organismos autónomos, lo que muestra la complejidad del proceso de puesta en marcha, marcando el cierre del periodo previsto y destacando como el principal desafío la continuidad y profundización de estas acciones en el futuro próximo". "Hoy el principal desafío es garantizar que estas medidas continúen y se profundicen, avanzando en la trazabilidad de los recursos y fortaleciendo la coordinación entre las instituciones, para que la transparencia se convierta en algo permanente", cerró Figueroa.