La Asociación de Usuarios ZOFRI A. G. expresó fuertes cuestionamientos al plan de inversiones impulsado por la administración de ZOFRI S.
A. , señalando que su viabilidad estaría en duda debido a la incertidumbre en torno a la renovación anticipada del contrato de concesión que administra el sistema franco de Iquique. La organización hizo un llamado de atención a autoridades nacionales y regionales, así como a entidades como el Sistema de Empresas Públicas (SEP), CORFO, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), accionistas, usuarios y trabajadores, advirtiendo que el escenario actual genera riesgos para la ejecución de los proyectos anunciados.
Según plantea la asociación, uno de los principales problemas del plan sería la falta de claridad respecto del origen de los recursos necesarios para financiar las inversiones. De acuerdo con el documento difundido, las cifras comprometidas superarían ampliamente los recursos actualmente disponibles, lo que implicaría la necesidad de recurrir a financiamiento externo. En ese contexto, sostienen que, sin una renovación anticipada del contrato de concesión, la administración no tendría la posibilidad de recuperar capital a largo plazo, lo que podría derivar en la paralización o postergación de proyectos de infraestructura considerados dentro del plan.
El documento señala que el plan de inversiones contemplaba un monto superior a los 133 millones de dólares para ejecutarse durante un período de 24 años. Sin embargo, al mantenerse vigente el contrato actual de concesión -cuyo término está fijado para el 29 de septiembre de 2030- la ejecución de ese programa quedaría limitada al plazo restante del contrato. A juicio de la organización, contraer obligaciones financieras o comprometer inversiones que se extiendan más allá de esa fecha podría generar problemas legales y afectar el patrimonio de la empresa.
Los usuarios también sostienen que el plan habría sido diseñado considerando el período de vigencia de un eventual nuevo contrato de concesión, lo que, en su opinión, lo convierte en un proyecto técnicamente débil en el escenario actual. Desde esa perspectiva, plantean que futuras administraciones podrían verse obligadas a gestionar contratos o compromisos adoptados bajo supuestos que todavía no están asegurados jurídicamente. Otro de los puntos destacados por la asociación es el contenido de la citación a la Junta Extraordinaria de Accionistas en la que se aprobó el plan.
Según indican, en dicha convocatoria se establecía expresamente que el punto a votar correspondía a la “aprobación del plan de inversiones asociado a la renovación del contrato de concesión para la administración y explotación de la Zona Franca de Iquique”. Desde su interpretación, ello implicaría que el plan de inversiones estaba directamente vinculado a la renovación del contrato y que, en ausencia de esa renovación, el programa de inversiones carecería de sustento. La asociación recuerda además que todavía se encuentra pendiente un pronunciamiento de la Comisión para el Mercado Financiero respecto de la legalidad de la citación a la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Según señalan, la controversia se relaciona con el eventual incumplimiento de los plazos establecidos en los estatutos de la sociedad para convocar y realizar dicha junta, lo que, de confirmarse, podría afectar la validez de los acuerdos adoptados en esa instancia. En ese escenario, los representantes de los usuarios advierten que la vigencia del contrato actual hasta el año 2030 debería llevar a la empresa a actuar con prudencia respecto de compromisos de inversión de largo plazo. A su juicio, las decisiones estratégicas que se adopten en el presente deben considerar el marco jurídico vigente y resguardar tanto el valor de la compañía como los intereses de sus accionistas y del ecosistema económico que depende del sistema franco.
Finalmente, la asociación manifestó su preocupación por el rumbo que podrían tomar las decisiones futuras de la administración, señalando que los acontecimientos de los últimos meses han generado dudas sobre la consistencia del plan de inversiones anunciado y sobre su real factibilidad en el contexto actual del contrato de concesión.