“Estamos frente a una situación grave que debe investigarse con total rigurosidad. No se puede avanzar en la reconstrucción sobre dudas ni irregularidades, sino sobre evidencia técnica, probidad y respeto irrestricto a las familias. Y también, más allá de la discusión técnica o administrativa, aquí hay familias que ya han vivido situaciones extremadamente complejas y que hoy enfrentan la posibilidad de perder sus hogares”, expuso Pavez.

El requerimiento ingresado a Contraloría busca que el organismo se pronuncie sobre la legalidad de una eventual decisión de demolición, considerando tanto los antecedentes técnicos disponibles como el marco normativo aplicable a este tipo de medidas.