La Comisión de Intereses Marítimos del Senado espera con prioridad las indicaciones anunciadas por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, para modificar la Ley Lafkenche que protege el derecho al uso consuetudinario del borde costero por parte de los pueblos originarios de Chile. El werken del lof Pepiukelen de la Región de Los Lagos, Francisco Vera Millaquén quien ha sido parte del Futa Trawun Büta Willi Mapu en Chiloé, indicó que las modificaciones son inconstitucionales al desconocer ese derecho colectivo suscrito por el Estado a través del Convenio 169 de la OIT. “El Estado no está respetando el derecho a la consulta como tampoco los parlamentarios”, acotó sobre la mayoría oficialista que compone el Congreso, pero también refiriéndose al consenso que la iniciativa despierta en otros sectores políticos identificados con el progresismo, en particular, haciendo alusión al senador Fidel Sepúlveda (PS), objetando que su inclinación a modificar responda a beneficiar a los pescadores artesanales: Asimismo desestimó que la solicitud de los espacios costeros por parte de las comunidades retrasen otros proyectos -tal como ha criticado el gobierno-: “La demora no es responsabilidad de las comunidades sino del Estado.

La Subsecretaría ha sido el primer y principal organismo que ha incumplido”. El werken de Pepiukelen señaló que han seguido acciones por el retraso en tramitar las solicitudes e incluso, el ex subsecretario Julio Salas fue oficiado por Conadi tras la demora en responder 10 solicitudes que emanaron desde 3 regiones del país en 2024, precisó. Acerca de la proporcionalidad que apela el ejecutivo y los gremios empresariales respecto a otorgar grandes extensiones de terreno a las comunidades, puntualizó: “si eso fuese así es tan simple la Comisión Regional de Uso del Borde Costero CRUBC tiene facultades para modificar y proponer modificaciones”.

“Hay una situación de pésima mala fe y de ignorancia de quienes se suman a este proyecto”, dijo Vera Millaquén: “Las modificaciones no tienen sentido práctico, salvo beneficiar a la industria salmonera y la industria minera en el caso de la Tercera región”. El werken comunicó que llevan acciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que también recurrirán al Tribunal Constitucional si se aprueban los cambios a la ley. En la semana del 18 de mayo se reunirán con la senadora Campillay quien preside la Comisión de Derechos Humanos: Por otra parte, la autoridad mapuche de Pepiukelen se refirió a la situación en el sector de Púlpito en Chonchi donde comuneros fueron imputados por supuesto enriquecimiento ilícito por la Fiscalía.

En relación al descarte que ha hecho la defensa sobre la tesis del organismo público, Vera Millaquén agregó que en esa comuna al igual que en Quellón “se encuentra la mayor cantidad de títulos de realengo reconocidas por la Corona Española antes de rendirse al Estado chileno, todas son previas a 1826 y que se entregaron a la mayoría de las comunidades de esos sectores”. Advirtiendo que actualmente gran parte de esos títulos están en manos de empresas privadas y transnacionales, varias comunidades han tenido que enfrentar el levantamiento de recursos de protección en su contra: “En el sector Púlpito y el traslado de gran cantidad de policía no hace sino que ahondar en las crisis que la gente de Chiloé tiene respecto a sus tierras porque el Estado no ha querido reconocer sus títulos”, indicó aludiendo al Tratado de Tantauco. “Lo que hace el Estado hoy, es cómo valida toda la usurpación que hizo en Chiloé así como lo hizo en todo el territorio nacional”.

“Que puedan decir que hay enriquecimiento ilícito no se condice con la realidad y por lo tanto, sabemos que en este momento estamos en un gobierno tremendamente racista que va hacer lo posible por perjudicar y pisotear a nuestro pueblos”, expresó el werken.