En medio de las conmemoraciones por el Día Internacional del Trabajo, la Fundación Wazú encendió las alertas sobre el incumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral en Chile. Según cifras oficiales citadas por la organización, cerca del 75% de las empresas privadas y organismos públicos todavía no alcanza la cuota mínima de contratación de personas en situación de discapacidad establecida por la normativa vigente. La Ley N°21.

015, vigente desde 2018, obliga a organismos públicos y empresas con más de 100 trabajadores a destinar al menos un 1% de sus puestos laborales a personas con discapacidad o pensionadas por invalidez. Sin embargo, los datos más recientes muestran un escenario todavía lejano a ese objetivo. De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia correspondientes a agosto de 2025, solo el 23,9% de las empresas privadas cumple actualmente con la cuota exigida por la ley.

En el sector público, la cifra alcanza apenas un 24,8%. En términos prácticos, esto significa que tres de cada cuatro instituciones todavía no cumple con el estándar mínimo de inclusión laboral. Empleo y discapacidad: una brecha persistente El escenario laboral para las personas en situación de discapacidad continúa mostrando importantes desigualdades.

Según antecedentes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social publicados en abril de 2026, solo el 40% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene empleo. Además, apenas el 18% de los contratos asociados a la ley corresponde a nuevos puestos de trabajo, mientras que la mayoría responde a regularización de empleos ya existentes. Desde Fundación Wazú sostienen que esto demuestra que la normativa aún no logra transformarse en una herramienta efectiva de generación de oportunidades laborales.

Peter Loch, director de la fundación, afirmó que “el derecho al trabajo hoy no está garantizado para las personas en situación de discapacidad en Chile: está condicionado. Depende más de la voluntad de las empresas que de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley”. Falta de fiscalización y demoras en el cumplimiento La organización también apuntó a la falta de fiscalización como uno de los principales obstáculos para avanzar en inclusión laboral efectiva.

“El Estado tiene herramientas concretas para fiscalizar —como el cruce de datos entre AFC, Dirección del Trabajo, mutualidades y Servicio de Impuestos Internos—. No es un problema técnico”, agregó Loch. Desde Fundación Wazú estiman que, manteniéndose los niveles actuales de cumplimiento, Chile podría tardar hasta 28 años en lograr la implementación plena de la ley.

La advertencia adquiere relevancia considerando que la normativa fue presentada originalmente como una medida destinada a reducir las barreras estructurales de acceso al empleo para personas con discapacidad. Impacto económico y social de la exclusión laboral La fundación sostiene además que el incumplimiento de la ley no solo representa una vulneración de derechos, sino también un impacto económico relevante para el país. Según sus estimaciones, las multas derivadas de incumplimientos podrían alcanzar los $181.

460 millones de pesos, recursos que actualmente no estarían siendo recuperados ni destinados a políticas de accesibilidad o apoyo laboral. La exclusión laboral también tiene consecuencias directas sobre los ingresos y condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad. De acuerdo con datos de la encuesta CASEN citados por la organización, este grupo percibe en promedio un 20% menos de ingresos y enfrenta mayores costos asociados a salud, movilidad y accesibilidad.

Además, la pobreza multidimensional alcanza un 27,4%. “La exclusión no es solo injusta, es ineficiente. Países en desarrollo pierden entre 3 y 7 puntos del PIB por no integrar plenamente a las personas con discapacidad.

Este no es un tema sectorial, es un problema país”, enfatizó Loch. Inclusión laboral: una discusión pendiente en Chile La discusión sobre inclusión laboral ha cobrado mayor visibilidad durante los últimos años, especialmente tras la entrada en vigencia de leyes orientadas a promover diversidad y accesibilidad en espacios laborales. No obstante, distintas organizaciones vinculadas a discapacidad han advertido que persisten barreras estructurales relacionadas con infraestructura, procesos de selección, accesibilidad tecnológica y adaptación de puestos de trabajo.

También cuestionan que parte de las empresas continúe entendiendo el cumplimiento legal como una obligación administrativa y no como una política de inclusión sostenible. En el marco del Día del Trabajador, Fundación Wazú llamó al Estado a fortalecer los mecanismos de fiscalización y aplicar sanciones efectivas frente a incumplimientos reiterados. La organización también pidió reinvertir eventuales recursos obtenidos por multas en medidas de accesibilidad, ayudas técnicas y programas de inserción laboral.

“Porque la discusión no es si el derecho al trabajo existe. La discusión es si Chile está dispuesto a hacerlo cumplir”, señalaron desde la fundación.