El documento propone una serie de criterios para detectar posibles ajustes. Entre ellos se incluyen la revisión de contratos de servicios como arriendos o aseo, la evaluación de casos de abuso en licencias médicas, el análisis de sumarios administrativos en curso y la revisión de la distribución del personal para evitar duplicidades de funciones. Asimismo, se instruye detener nuevos concursos y contrataciones que no estén finalizados al 13 de marzo, suspender estudios y asesorías externas, revisar suscripciones a organismos internacionales y frenar el inicio de nuevos programas de transferencias hasta nuevas instrucciones.

Asimismo, Quiroz participó en el Seminario Económico 2026 de Diario Financiero, donde delineó el plan reactivador completo. Entre los anuncios clave, se incluyó el regreso del DL 600 para otorgar invariabilidad tributaria a grandes proyectos de inversión, medidas regulatorias para destrabar inversiones, la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la extensión de subsidios a tasas de créditos hipotecarios, la ampliación del DFL2 a más viviendas (más de tres, para casas de hasta 90 m2 con un impuesto moderado estimado en 5%) y la eliminación temporal del IVA a la vivienda por 12 meses para impulsar el sector construcción. Defendió el ajuste fiscal como "ineludible" para revertir el declive económico y apuntar a un PIB de 4% con pleno empleo.

Respecto a la evaluación ambiental, detalló que el Gobierno usará IA para monitorear que se cumplan los plazos en que se tramitan los proyectos y asegurar que los funcionarios cumplan con las normas técnicas sin arbitrariedades. Por otra parte, uno de los temas que se ha tomado la agenda pública, sin lugar a dudas, han sido las modificaciones anunciadas por el Gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). En ese sentido, el ministro explicó que cuesta unos US$200 millones mantenerlo, considerando la situación actual en Medio Oriente, principalmente por las alzas del petróleo, por lo que insistió en la urgencia de cambiarlo para evitar un gasto insostenible, aunque reconoció el impacto en los bolsillos de las personas y pymes.

El proyecto de modificación ingresaría al Congreso en los próximos días. Además, Quiroz señaló que se identificaron 1. 800 deudores morosos que recibieron el Crédito con Aval del Estado (CAE) que perciben sueldos brutos superiores a $5 millones mensuales y acumulan, en total, una deuda impaga total de US$20 millones con el Estado.

"Les vamos a ir a cobrar", enfatizó, adelantando que se utilizarán las herramientas legales disponibles, incluyendo mecanismos propios del juicio ejecutivo. "Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de $5 millones y que lo está ganando gracias a un crédito que le ha dado el Estado", remató. La ofensiva de Quiroz —centrada en austeridad, reactivación vía inversión y ajustes inevitables como el Mepco— opacó otros temas, generando elogios del sector empresarial por la impronta decisiva y críticas de la oposición por riesgos en derechos sociales y costos para la ciudadanía (especialmente en combustibles).

No obstante, el ministro se posiciona como el principal articulador de la agenda temprana del gobierno, imponiendo un ritmo técnico y frontal en sus primeras semanas.