Señor director: La Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Dra. Ximena Lincolao, se ha referido a la reciente decisión de suspender las becas en el extranjero para programas de magíster y postdoctorado. Lo anterior vendría junto con una pretendida compensación mediante el fortalecimiento de los programas nacionales de postgrado.

A nuestro juicio, esta medida — y su justificación — denotan un diagnóstico claro de “miopía” en la política científica nacional. Si bien la oferta y la calidad de los programas nacionales de postgrado han mejorado en los últimos años, ello no reemplaza el valor estratégico de la formación en el extranjero. Esta no solo permite el acceso a universidades de excelencia, sino que también contribuye a la generación de redes internacionales, a la transferencia de conocimiento y apertura a nuevas líneas de investigación, al acceso a tecnologías de punta y a la reducción de la “endogamia” académica, entre otros.

Por tanto, cualquier ajuste a esta materia debería responder a una política científica integral y no exclusivamente a restricciones presupuestarias ni a una lectura parcial del sistema. Chile, en la actualidad, no enfrenta un problema de formación, sino de inserción. Hoy, cerca del 20 % de los doctores se encuentra en situación de subempleo o precariedad (probablemente mayor, considerando la inestabilidad de muchos contratos en modalidad “a contrata” en instituciones públicas), lo cual evidencia que el sistema no logra absorber el capital humano que ya forma.

En este contexto, aumentar la formación —en Chile o en el extranjero— sin fortalecer los espacios de desarrollo profesional solo profundiza este problema. Esta miopía se agrava al considerar que Chile invierte apenas cerca de un 0,41 % del PIB en I+D (año 2023), el nivel más bajo de la OCDE, y al restringir la formación internacional, lo que limita la capacidad de acortar brechas en tecnología, conocimiento y colaboración científica. Al mismo tiempo, Chile se sitúa entre los países de esta organización con menos investigadores por habitante.

Existen, sin embargo, lentes para corregir esta miopía. En Alemania, el Wissenschaftsrat (Consejo Alemán de Ciencias y Humanidades), dependiente del Estado, articula la toma de decisiones en política científica con la participación directa de universidades y centros de investigación. En Chile no existe un organismo equivalente, pese a que las universidades concentran más del 85 % de la inserción de magísteres y doctores, lo que evidencia una débil vinculación entre quienes forman capital humano avanzado y quienes definen las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología.

Persistir en esta lógica es insistir en una miopía estructural: se necesita formar más investigadores para avanzar en el desarrollo económico y humano, pero no se aseguran las condiciones para que ese talento sea adecuadamente insertado, contribuyendo de manera efectiva al desarrollo del país. Avanzar en esta dirección requiere precisamente lo que hoy falta: una articulación efectiva entre el Estado y la academia que permita alinear la formación, el financiamiento y la inserción en una política científica coherente. Como comunidad académica, quedamos disponibles para contribuir a corregir esta miopía —ya sea aportando lentes o, si se prefiere, participando en la cirugía refractiva que permita dar una solución definitiva.