Las víctimas y sobrevivientes de abusos en la infancia tenemos una altísima tendencia a buscar entre los escombros de un desastre los restos que salvar. En Chile somos un pueblo acostumbrado a romantizar el sacrificio, la resiliencia y a obedecer el mandato de la fe a la hora de volver a levantarnos después de terremotos, maremotos, catástrofes naturales. Quienes violentan a la población usan este sustrato en beneficio propio y cada vez que pueden avanzan recortando derechos, calidad de vida, la renta que genera el trabajo del pueblo.

Oprimen en nombre de un futuro mejor que nunca llega, o intentando paliar emergencias que ellos mismos provocan. Y en el desguace, en el desmantelamiento, somos las víctimas que todavía estamos vivas las que corremos a rescatar lo que se pueda. A diferencia de los desastres naturales, impersonales y mitigables con planes de contingencia, la violencia sistémica que ejercen las esferas de poder sobre el pueblo no es inevitable.

Los abusos que sufrieron miles de infancias en los espacios SENAME durante décadas no ocurrieron, es algo que les hicieron a esas niñas, niños, adolescentes. Los perpetradores son instituciones y personas concretas, con nombre, apellido, rut, pertenencia, contactos y que en su mayoría siguen a cargo de menores en los mismos espacios pero con otro nombre: Mejor Niñez. El elefante en el cuarto es la Iglesia Católica.

El trascendido del fin de la Comisión de la Verdad que intenta investigar décadas de violencia institucional contra las niñeces bajo tutela del Estado resultó no ser cierto. Generó esta reacción de salvar lo que se pueda en muchas víctimas y sobrevivientes que ya dieron su testimonio o se mantienen cerca del órgano creado por el Presidente Boric. El Gobierno terminado en diciembre no supo o no quiso dotar a la Comisión de un andamiaje legal que le asegurara continuidad, ni de las capacidades para investigar más allá de la letra puntual de un fallo internacional que obliga al Estado de Chile a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en SENAME.

Boric no respetó el informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas respecto de abarcar todos los entornos institucionales (junio 2022): “incluyendo los ocurridos en el seno de la Iglesia católica y en centros residenciales”. Tampoco atendió el informe emitido por la Defensoría de la Niñez que también recomienda encarar de forma urgente una Comisión que incluya a todas las víctimas (mayo 2023): “La Defensoría de la Niñez recomienda la constitución de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación que investigue estas materias de forma integral y sistemática, en diferentes contextos de cuidado estatal e institucional y no cada temática por separado, considerando víctimas y sobrevivientes pasados y presentes”. Y además, incumplió un compromiso presidencial levantado en campaña (2021) que acercó votos y apoyos públicos de diversas agrupaciones de víctimas.

La Comisión termina en un gesto para cumplir en el papel, para decir que se hizo y que el siguiente Gobierno la desmantele. Todo indica que en vez de crecer en alcance, tiempo y espacios institucionales, como nos aseguraron en su momento desde la misma entidad entidad, las víctimas tendrán que pelear contra el Estado por migajas, un mínimo acceso los testimonios recogidos y la buena voluntad de quienes redacten el informe final que en el mejor de los casos buscará proyectar números globales de la muestra que pudo obtener. De lo que tendríamos que estar hablando es del crecimiento de la Comisión Verdad y Niñez, de los espacios que no alcanzó en su primera etapa como parroquias, colegios, grupos scouts o clubes deportivos, en vez de rogar que no la cierren como si nos hicieran un favor.

Estamos hablando de una violación a los derechos humanos, a derechos básicos, que se perpetúa en el tiempo, y en la negligencia estatal a la hora de buscar verdad y reparación para las víctimas. Esto es lo que logran con los trascendidos de posibles cierres: acepten migajas, no pidan nunca un lugar en la mesa. Vayan con su limosna, como si el Estado no tuviera deberes ineludibles que cumplir para garantizar la seguridad de las infancias en entornos institucionales.

Es muy probable que la Comisión tenga un 2026 deslucido y un cierre sin prensa. Hay una voluntad política evidente e incluso transversal de ponerle una lápida al asunto. Es más comprensible para un lector distraído que un presidente como Kast, miembro activo de una secta católica, pretenda cerrar el tema rápido.

La Iglesia Católica es el mayor socio del Estado en SENAME – Mejor Niñez a través de sus ONGs laicas, congregaciones y obispos. El elefante en el cuarto es responsable directo de innumerables casos de abuso contra niñas, niños y adolescentes. Pero la gestión de Gabriel Boric también tiene las manos sucias.

Jugar con la esperanza de víctimas y sobrevivientes quienes creyeron que esta vez el Estado sí atendería sus testimonios, para dejarles sin recursos es de una maldad que no esperábamos. Y si fue por negligencia, sería la segunda vez en las biografías de quienes se la jugaron porque esta vez sí. Ese fue el mayor daño que las sucesivas autoridades han causado a miles de vidas.

La negligencia es permitir, desde un cargo que otorga herramientas para el cambio, que se perpetuaran las condiciones materiales y simbólicas para que la violencia contra las niñeces vulnerables continúe. No aceptamos más migajas ni estamos dispuestos a hurgar entre las grietas de un Estado que pisotea vidas como quien palmea rotos. El peso de exigir derechos cae sobre las víctimas, el peso de buscar justicia cae sobre las víctimas, el peso de que la sociedad se entere cae sobre las víctimas, el peso de que el Estado haga su pega cae sobre las víctimas, el peso de que Chile cumpla sus compromisos internacionales cae sobre las víctimas, absolutamente todo sucede contra las autoridades y la voluntad política de quienes gobiernan.

De dignidad ni hablemos. De cambiar limosna por el acceso a nuestros derechos pues tampoco.