Esta semana se dio inicio a un masivo proceso de cobro dirigido a más de 550 mil personas que mantienen cuotas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE). La medida, impulsada por la Tesorería General de la República (TGR), busca recuperar parte de los $4 billones que adeudan los usuarios del sistema, donde el Fisco ha debido responder como aval ante la banca privada. Acciones judiciales: El escenario para rentas altas La estrategia de cobro para este 2026 es diferenciada según el nivel de ingresos.
El grupo más comprometido es el de aquellos deudores que perciben rentas brutas mensuales superiores a $5 millones (según la Operación Renta 2025). Para este segmento, desde el pasado lunes 6 de abril, la TGR comenzó a aplicar acciones judiciales directas sin posibilidad de suscribir convenios de pago. Según advirtió el organismo, estas medidas incluyen: Embargo de bienes.
Retención de fondos en cuentas bancarias. Retención de remuneraciones u otros activos financieros. ¿Quiénes pueden acceder a convenios de pago?
Para el grueso de los deudores, la autoridad habilitó una ventana de regularización. Podrán suscribir convenios de pago exclusivamente quienes cumplan los siguientes requisitos: Tener ingresos mensuales inferiores a $5. 000.
000 brutos. Mantener una deuda igual o superior a 1 UTM.