El problema no es solo legal, sino político: Kast había argumentado vivir en La Moneda para “no generar más gasto al Estado”, pero lo que estamos viendo, por el contrario, es el uso de esos espacios para celebraciones y actividades que nada tienen de austero. Esto da cuenta de una confusión categorial entre el mandato y la persona, entre la función pública y la vida privada. Este tipo de confusiones nos recuerdan un Estado premoderno, donde el poder y el abuso no son distinguibles.
Arendt llamaba a esto la corrupción del espacio público: la indiferencia ante la distinción. Y esa indiferencia tiene consecuencias. Lo que hoy parece una anécdota de mal gusto puede convertirse, con el tiempo, en precedente.
La corrupción más grave no siempre se encuentra en actos escandalosos: se instala en los márgenes, en gestión y prácticas que se normalizan sin debate, en las fronteras que se desdibujan con la complicidad del silencio. Cuando una sociedad acepta que lo público es un recurso disponible para el uso personal del gobernante (aunque pague el menú) está dando el primer paso hacia algo más grave: la naturalización de que el poder otorga privilegios sobre lo común.