No obstante, Contraloría precisó que las municipalidades sí mantienen facultades para fiscalizar que los locales cuenten con patente comercial, respeten el giro autorizado y cumplan otras exigencias administrativas. Nueva ley desde agosto El dictamen también abrió una posible alternativa futura para los municipios. Contraloría abordó la entrada en vigencia de la Ley N° 21.
802, programada para el 12 de agosto de 2026, normativa que fortalece el rol municipal en materias de seguridad pública y prevención del delito. Según el organismo, bajo esa nueva legislación las municipalidades podrán desarrollar estrategias de prevención social, comunitaria y situacional del delito. En ese contexto, una eventual regulación horaria podría evaluarse caso a caso, siempre que esté debidamente fundada en riesgos concretos para la seguridad pública y adaptada a la realidad local de cada comuna.