Aun así, Chile ha registrado avances mediante mecanismos de enrolamiento biométrico aplicables a extranjeros imputados en investigaciones penales, lo que ha mejorado su identificación dentro del sistema de persecución criminal. Sin embargo, este instrumento sigue siendo parcial, pues el Estado aún carece de un sistema integral de trazabilidad migratoria. Por ello, dos decisiones debieran ocupar un lugar prioritario en la agenda de seguridad del Gobierno que se instala hoy.
Primero, un registro biométrico obligatorio para todo ingreso irregular detectado, interoperable en tiempo real con bases policiales, migratorias y del Ministerio Público. Segundo, un sistema integrado de identificación migratoria que permita verificar identidad y situación migratoria en trámites relevantes ante cualquier servicio público, resguardando siempre la protección de víctimas y testigos. La migración seguirá siendo parte de la realidad global, pero existe una regla básica de seguridad pública: cuando el Estado pierde trazabilidad sobre quién entra y quién permanece en su territorio, el crimen organizado convierte esa brecha en un negocio.