Lo que comenzó como una jornada laboral habitual para dos mujeres en Punta Arenas terminó en una pesadilla de violencia física y persecución policial. El viernes, en un lapso de apenas quince minutos, la tranquilidad de la ciudad se vio fracturada por dos robos con violencia que hoy mantienen a un hombre bajo custodia judicial. La violencia comenzó a las 7,30 horas.

Una mujer caminaba por la calle Errázuriz con su hijo de un año en brazos cuando fue interceptada por la espalda por Guillermo Andrade Miranda. Según el relato del Ministerio Público, el sujeto le tapó la boca e intentó arrebatarle el bolso; ante la resistencia de la víctima, no dudó en arrastrarla por el suelo varios metros, sin importar la presencia del lactante. Apenas quince minutos después, a las 7,45 horas, Andrade Miranda volvió a atacar.

Esta vez la víctima fue una mujer de 62 años que se dirigía a su trabajo en la intersección de Armando Sanhueza con Waldo Seguel. El agresor utilizó la misma técnica: la abordó por atrás, intentó ahorcarla y le puso la mano en la boca para sustraerle sus pertenencias, provocando que cayera al suelo y resultara herida. La captura del sospechoso fue posible gracias a una rápida acción coordinada.

El subprefecto de la PDI, Gerardo Alvarez, detalló que, tras la denuncia, se realizaron fijaciones fotográficas, empadronamiento de testigos y levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad. Un detalle clave permitió cerrar el círculo: un testigo del primer robo persiguió al delincuente en su auto y lo vio sentado en una solera con un perro de color blanco. Este animal, sumado a una llamativa vestimenta —un polerón color naranja salmón con capucha—, permitió a los detectives identificar a Andrade Miranda en las grabaciones de seguridad.

La PDI ya conocía al sujeto por investigaciones previas de robos similares. Finalmente, fue detenido en flagrancia con las especies sustraídas en su poder. Inimputabilidad Durante la audiencia de formalización, la defensa de Andrade Miranda planteó un escenario complejo.

Solicitaron la suspensión del procedimiento amparándose en el artículo 458 del Código Procesal Penal, argumentando que el imputado posee una discapacidad mental certificada del 70% y un historial de déficit atencional sin avances cognitivos desde la infancia. Según la defensora, el joven no comprendería el impacto de sus acciones. Sin embargo, el Ministerio Público reveló una faceta preocupante: Andrade Miranda cuenta con 10 causas vigentes, muchas de ellas ya suspendidas por sospecha de inimputabilidad.

La fiscalía subrayó que el sujeto ha sido “refractario” al sistema, negándose a asistir a los peritajes del Servicio Médico Legal (SML), y que incluso su propia tía renunció a ser su curadora por miedo a él. Además, se destacó que el imputado estaba bajo arresto domiciliario total por otra causa, medida que violó para cometer estos nuevos ataques. Tras escuchar los argumentos, el magistrado tomó una decisión firme.

Si bien accedió a suspender el procedimiento para que el Servicio Médico Legal realice un peritaje psiquiátrico profundo que determine si el sujeto es realmente inimputable, no permitió que regresara a las calles. El tribunal decretó la internación provisoria de Guillermo Andrade Miranda. El futuro del imputado dependerá ahora del informe del SML, que deberá esclarecer si constituye un peligro para sí mismo o para otros, mientras se fijó un plazo de 60 días para la investigación.

Por ahora, el hombre del perro blanco permanecerá privado de libertad en un recinto penal o de salud, según se determine.