Dos riesgos para la democracia chilena. Por Eduardo Saffirio, Abogado 10 May 2026 Compartir en: La discusión sobre los riesgos que enfrenta actualmente la democracia chilena suele concentrarse en la fragmentación, la inseguridad o el débil crecimiento económico. Sin embargo, bajo esas expresiones visibles se desarrolla también la progresiva deslegitimación de la política como instrumento de conducción colectiva.

Esa erosión adopta hoy dos formas distintas, aunque frecuentemente superpuestas: el populismo y la antipolítica. Comprender sus diferencias es fundamental para calibrarlos debidamente, porque no representan el mismo peligro ni responden a la misma lógica. El populismo consiste, esencialmente, en una confianza excesiva en la capacidad de la política para resolver problemas complejos mediante voluntad, liderazgo carismático y conexión directa con "el pueblo".

El líder populista afirma interpretar espontáneamente las necesidades sociales, sin necesidad de mediaciones institucionales, programas coherentes ni estructuras partidarias sólidas. Su legitimidad descansa menos en la elaboración racional de un proyecto de gobierno que en una identificación emocional e inmediata con las masas. Por eso el populismo suele ofrecer promesas incompatibles entre sí y propuestas de difícil viabilidad.

Su fuerza política proviene precisamente de esa audacia y de esa ambigüedad calculada. A diferencia de la antipolítica, el populismo no rechaza la política sino que la exacerba, la carga de expectativas desmedidas y la personaliza hasta hacerla indistinguible del líder que la encarna. La antipolítica, en cambio, expresa el fenómeno opuesto.

No consiste en creer demasiado en la política, sino en dejar de creer en ella. Su primera dimensión es la pérdida de confianza en la capacidad de las instituciones para resolver problemas sociales y la convicción de que el sistema político funciona principalmente para defender intereses elitarios o corporativos antes que bienes comunes. Mientras el populismo promete que la política puede hacerlo todo, la antipolítica sostiene que no sirve realmente para nada útil.

En Chile, esa percepción se ha intensificado tras años de bajo crecimiento económico —débilmente redistributivo —, una creciente crisis de seguridad y reformas sistemáticamente demoradas. Los liderazgos se consumen rápidamente; las coaliciones se vuelven inestables; y las políticas públicas aparecen constantemente bloqueadas o neutralizadas por la confrontación estéril. El resultado es un círculo vicioso donde la debilidad política genera desconfianza ciudadana, y esa desconfianza dificulta todavía más la capacidad para gobernar con eficacia.

Pero la antipolítica no se agota en la frustración respecto de los resultados. Su segunda dimensión es la desilusión hacia los propios mecanismos de la democracia representativa. No se trata solo de malestar con determinados gobiernos, sino de una sospecha más amplia hacia el Congreso, los partidos, las negociaciones y los acuerdos.

La deliberación democrática comienza a verse como una pérdida de tiempo; los compromisos aparecen como señales de debilidad o traición; y la complejidad propia de toda sociedad moderna se interpreta simplemente como incompetencia o defensa de privilegios. Cuando la crítica legítima se transforma en deslegitimación absoluta, la política deja de ser concebida como un espacio necesario de mediación entre intereses diversos y pasa a ser vista como una actividad esencialmente parasitaria. Existe además una tercera dimensión de la antipolítica que suele ser menos advertida.

La antipolítica no siempre adopta una forma puramente destructiva; a veces expresa también una demanda por ampliar los espacios de participación más allá de los canales tradicionales. Ciudadanos más educados, más individualizados y más conscientes de sus derechos ya no aceptan delegar completamente la vida pública en partidos, empresas, sindicatos o élites profesionales. Exigen intervenir directamente en cuestiones vinculadas a su vida cotidiana, identidad, territorio y cultura.

El estallido social de 2019 contenía precisamente esa dimensión. No todo fue delincuencia y rechazo nihilista a las instituciones y a los actores convencionales. También existió una demanda por formas más horizontales de participación y por una democratización de espacios históricamente excluidos de la deliberación política.

El problema aparece cuando esa expansión legítima de lo político coexiste con una degradación sistemática de las instituciones representativas, que son precisamente las que pueden articular intereses diversos y transformar demandas sociales en políticas públicas sostenibles. Es aquí donde los dos fenómenos —analíticamente distintos— se vuelven en conjunto políticamente peligrosos. La antipolítica, al erosionar la legitimidad de las instituciones, prepara el terreno para el populismo.

Cuando los partidos políticos y los mecanismos de representación pierden credibilidad, se abre un enorme espacio para liderazgos que prometen representar directamente al "pueblo" contra el sistema en su conjunto. La desconfianza y la ira acumulada se convierte entonces en capital político rentable. El populismo no genera la antipolítica, pero la aprovecha y la profundiza.

Las redes sociales intensifican esta dinámica de manera específica en el contexto chileno. La lógica digital favorece la simplificación, la indignación y la emocionalidad inmediata. Los incentivos premian al dirigente que desacredita instituciones antes que al que construye acuerdos complejos.

En un país donde la televisión abierta ha perdido centralidad y el debate público migra hacia plataformas fragmentadas, la erosión de la confianza democrática deja de ser un efecto colateral y se transforma en estrategia deliberada de acceso al poder. Hoy las democracias rara vez colapsan de manera abrupta. Con frecuencia se deterioran lentamente, mediante una pérdida gradual de legitimidad de sus normas, procedimientos y actores.

Chile ha demostrado poseer instituciones más sólidas y resilientes que en otros períodos críticos de su historia, pero ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente si sus ciudadanos dejan de creer que la política, con todas sus limitaciones, sigue siendo el único mecanismo legítimo para procesar conflictos colectivos. Por ello, la tarea del sistema político chileno no consiste únicamente en recuperar un crecimiento económico más alto e inclusivo, que distribuya sus frutos con mayor equidad y alcance a quienes han quedado atrás, aunque esa condición sea indispensable. El desafío más profundo es reconstruir confianza institucional suficiente para impedir que la frustración social derive en una desvalorización estructural de la democracia representativa.

Cuando la antipolítica se consolida como sentido común, y el populismo ocupa el vacío que ella deja, la democracia comienza a vaciarse desde dentro mucho antes de que alguien intente destruirla abiertamente.