Señor Director: El aumento de la violencia en contextos escolares es ineludible. Lo cuestionable es la respuesta. El proyecto de ley “Escuelas Protegidas” busca fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, pero despierta más interrogantes que certezas.
Si bien nadie discute la necesidad de ambientes escolares seguros, la iniciativa agrupa, bajo un mismo paraguas normativo y reduccionista, faltas y medidas de naturaleza radicalmente distinta, lo que debería generar al menos una pausa reflexiva. La revisión de mochilas, el empoderamiento docente para aplicar sanciones inmediatas, el castigo a las interrupciones de clases e incluso la inhabilidad para acceder a la gratuidad en educación superior, todo dentro de un mismo cuerpo legal, no solo puede profundizar una sensación de inseguridad, sino que revela una lógica punitiva que desborda el problema que dice querer resolver. Se instala así una cultura de vigilancia y castigo que inmoviliza a las comunidades educativas en un espacio que es, por definición, formativo y promotor de bienestar.
Este giro no es neutro. Reducir la violencia escolar a un problema policial contribuye a invisibilizar las condiciones que la producen: desigualdad, malestar y precarización de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. La manera en que entendemos el problema determina cómo nos haremos cargo de él como sociedad.
La convivencia educativa no se resuelve únicamente con más control. Los colegios no son recintos penitenciarios ni los estudiantes, sospechosos en potencia. El desafío —más incómodo, pero más honesto— es repensar nuestra convivencia social, el sentido de la escuela y las desigualdades que la atraviesan.