"Mirar el origen del problema" Izquierdo sostiene, desde una perspectiva más amplia, que la pregunta relevante es si este régimen de responsabilidad parental propuesto -aunque aún no hay detalles- "está pensado exclusivamente en esta lógica de perseguir civilmente al adulto responsable o si abordará otros ámbitos relacionados a las responsabilidades asociadadas al cuidado, formación y enseñanza". "Lo que se está viviendo hoy en día debe ser entendido como un fenómeno social, por lo tanto, cualquier política pública que aborde lo referido debería complementarse con prevención, educación cívica y otros elementos, que no son sólo responsabilidad de padres y/o tutores, sino también de otros actores sociales, como los establecimientos educacionales y los medios de comunicación", subraya. Por su parte, Nicolás Paraud, director de Magíster en Educación de la U.
Finis Terrae, comentó que "hemos dejado de mirar el origen del problema: el impacto en las familias y, en el fondo, en las trayectorias de nuestros estudiantes. Es imprescindible resignificar la convivencia escolar. La evidencia y los modelos más consistentes coinciden en que la prevención y la reparación deben ser parte del proceso".
"Ampliemos el espectro de calidad que hoy nos lleva a concentrarnos con evidente esmero en los resultados académicos, involucremos a la familia, y promovamos que desde el núcleo de nuestra sociedad también se comprenda el valor de lo que parte en casa", enfatizó. En una línea similar, Luis Cortés, director de la Escuela de Derecho UBO, plantea que "desde una perspectiva jurídica, la propuesta resulta atendible: permite ordenar y dar mayor coherencia a normas que hoy existen, pero de forma dispersa, en el Código Civil". De todos modos, subraya que conviene no sobredimensionar sus efectos: "No es evidente cuánto puede incidir, por sí sola, en la disminución de la violencia.
Y es que estamos frente a un fenómeno bastante más complejo, atravesado por condiciones sociales, económicas y culturales que desbordan el ámbito familiar y que difícilmente se corrigen únicamente a través de reglas de responsabilidad", enfatiza. Además, hay un punto que suele quedar en segundo plano y que es clave: los problemas de ejecución. "Muchas de estas responsabilidades ya están reconocidas en el plano normativo, pero encuentran obstáculos concretos al momento de hacerse efectivas.
Ahí es donde aparece una tensión evidente: no siempre más normas implican mejores resultados", remarca. "En buena medida, esto refleja también las limitaciones en el acceso a la justicia, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad, donde los mecanismos formales operan con lentitud, o simplemente no llegan. En ese escenario, un régimen de responsabilidad parental puede ser un aporte.
Puede ayudar a reforzar ciertos estándares y a instalar una señal relevante. Pero cuesta sostener que, por sí mismo, vaya a constituir una respuesta central frente a un problema que, en su raíz, es mucho más amplio y estructural", cerró.