El citado instrumento contempla programas de habilitación laboral, como evaluación de competencias laborales, certificación de competencias, capacitación laboral e incluso intermediación laboral. En paralelo, existe la voluntad de impulsar un nuevo esquema de capacitación público-privado, con foco en resultados medibles en empleabilidad y remuneraciones. Modificaciones al sistema Si bien la decisión de eliminar la franquicia puede ser radical, al menos seis comisiones e instituciones públicas y no públicas han evaluado el programa y concluido unánimemente que no cumple sus objetivos, presenta grandes ineficiencias y falencias en transparencia.
Una de las principales fue la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral, la cual planteó en su informe de 2011 que no hay “efectos positivos de la capacitación vía franquicia tributaria sobre la empleabilidad de los trabajadores, y sólo efectos muy marginales sobre los salarios”. Luego, en 2018, la Comisión Nacional de Productividad detectó que el 90% de las capacitaciones ejecutadas vía franquicia tributaria duran menos de 40 horas, y señaló que los únicos cursos que reportan efectos positivos sobre salarios son aquellos de más de 280 horas, pero suman menos del 1% de la oferta. Más recientemente, en 2025, la Dipres detectó que la herramienta es utilizada casi exclusivamente por empresas grandes, de donde proviene el 88% de los capacitados.
Un 10% corresponde a firmas medianas y apenas un 2% a pequeñas, con un porcentaje mínimo de capacitados de microempresas. Además, no observó un efecto significativo en remuneraciones, empleo ni intensidad del empleo en ninguno de los años analizados.