Esta acción -en que a los demandantes les rechazaron una medida cautelar- la patrocina el abogado John Parada, quien es el mismo representante de Gonzalo Pavez Sepúlveda, un vecino del sector de Santa Inés, que funge como representante de un colectivo denominado Un Parque para Las Salinas. Dibujante proyectista de la Universidad Técnico Federico Santa María, Pavez, de 34 años, dice a DF MAS que su objetivo es generar un precedente histórico, que “eleve la vara”, en cuanto a la responsabilidad y reparación de daño sanitario. Su causa incluso aparece consignada bajo el estatus “persecución judicial” en la organización internacional Front Line Defenders, fundada en Dublin, Irlanda, y que según su información oficial se dedica a reconocer y brindar apoyo a defensores y activistas de los derechos humanos, no violentos.

Esto, en circunstancias que es la propia compañía Las Salinas la que tuvo que ejercer acciones legales en contra de Pavez. Se trata de una demanda de indemnización de perjuicios que interpuso en contra de él y que también alcanza a Roxana Bernal, singularizada como vocera de la ya mencionada agrupación, ante el permanente hostigamiento, que incluso llegó a la agresión física a un trabajador externo que prestó servicios en el lugar, Juan Francisco Mujica. El 2 de abril recién pasado éste contó en el tribunal lo vivido mientras se desempeñó vinculado a Las Salinas, a través de la firma IDOM.

“Uno siente en el ambiente que hay una amenaza relativamente constante. Esto se debe a que esta agrupación constantemente va a interpelar trabajadores de las distintas organizaciones que prestan servicios en Las Salinas, teniendo en cuenta la enemistad y la fijación un poco patológica que se tiene hacia este proyecto. Lo que se va sintiendo en el ambiente de los trabajadores es miedo y sentirse amenazado.

En lo personal, todo esto cruzó los límites permisibles de una convivencia civilizada”, dijo, aludiendo a haber recibido una piedrada que le ocasionó lesiones, empujones y amedrentamiento, y amenazas verbales, según describió. “La municipalidad decidió no responder” Otro flanco lo abrió la Municipalidad de Viña del Mar y el mismo Gonzalo Pavez, quienes activaron una causa ambiental en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por haber archivado denuncias asociadas al proyecto de saneamiento del terreno Las Salinas, al constatar el fiscalizador que no había desviaciones en la RCA del proyecto. El 19 de marzo pasado, en la audiencia del caso, quedó de manifiesto el verdadero trasfondo que empuja la municipalidad.

Su representante argumentó que el Comité de Ministros estableció la obligatoriedad de que existiera un Plan de Monitoreo Participativo (PMP), previo a iniciar la faena de restauración ecosistémica. Y éste tenía requisitos que, al entender del municipio, no se han cumplido: que actores definidos por el municipio participaran de las actividades de muestreo y medición y se conformara una mesa de trabajo con la municipalidad. “Ninguno de los requisitos se cumplió en este caso”, dijo ante el tribunal el representante del municipio, Rodrigo Peillard, quien incluso aludió al principio de participación ciudadana consagrado en el acuerdo de Escazú.

Habló de un “gran agravio” para la comunidad de Viña del Mar y pidió que suspendieran las obras de bio remediación y que se iniciara un procedimiento sancionatorio por parte de la SMA. Un planteamiento que fue también ampliamente secundado por el representante de Gonzalo Pavez, quien pidió la suspensión de todas las obras y la eliminación de toda instalación de faenas. La propia SMA lo refutó, aludiendo a que es la municipalidad la que se ha restado del proceso.

Dijo que había una serie de comunicaciones de parte de la empresa no sólo para definir equipos, sino para elaborar el programa de muestreo, y “en sucesivas oportunidades la Municipalidad de Viña del Mar no dio respuesta (…) Se intenta hacer este acercamiento por parte de la inmobiliaria y finalmente no se consigue (…) Nuevamente la municipalidad no llegó”, expuso el representante del ente fiscalizador ambiental, quien razonó que “sorprende” la alegación del municipio, en cuanto a decir que no ha sido incluido en el proceso, exponiendo una serie de comunicaciones -que datan incluso de 2023- en que “la municipalidad decidió no responder”, dijo categórico. Fuentes cercanas al proceso indican que, en efecto, Las Salinas envió cinco cartas formales reiterando al municipio la indicación del Comité de Ministros, y solicitaron cinco reuniones -cuatro sostenidas y una rechazada por el municipio-, pero finalmente nunca hubo una respuesta formal. Así, ante la necesidad de cumplir, la empresa presentó una modalidad alternativa, visada por la SMA, con vecinos autoconvocados, 18 en la actualidad que son parte del PMP.

Pese a todo este panorama, al interior del grupo Angelini consideran que viven un “buen momento” para Las Salinas. Si bien reconocen que el ideal sería que todo fuera más fluido, están convencidos de que están avanzando con un buen proyecto, que los opositores tras Un Parque para Las Salinas no son más de 10 personas que se reúnen, y que más del 70% de la ciudad apoya el proyecto. Ahora deberán definir a los socios.