Hacienda recorta $32. 721 millones a Desarrollo Social y desata críticas por impacto social El Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, oficializó la reducción de $32. 721 millones originalmente destinados al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en una decisión que abre interrogantes sobre el alcance real de la política fiscal para este año.
La medida, conocida públicamente en los últimos días, se produce en paralelo a la controversia generada por lineamientos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que sugieren la reformulación —e incluso descontinuación— de diversos programas estatales. Aunque desde el Ejecutivo se ha insistido en que se trata de una herramienta técnica orientada a optimizar recursos, el contexto político ha instalado dudas respecto de un posible giro en la estrategia de gasto público. El recorte no pasó inadvertido para los gremios del sector público.
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales advirtieron que la disminución de recursos compromete la ejecución de servicios esenciales, afectando directamente la capacidad operativa de distintas instituciones. Además, el gremio puso en tela de juicio el mecanismo utilizado para concretar el ajuste, señalando que modificar recursos previamente aprobados por ley mediante decreto podría tensionar el rol del Congreso, abriendo un flanco tanto jurídico como político. Educación bajo revisión El impacto del ajuste también alcanza al sistema educativo.
Entre los programas que estarían bajo revisión figuran becas como Vocación de Profesor, Juan Gómez Millas y beneficios dirigidos a hijos de profesionales de la educación. A ello se suman iniciativas emblemáticas como los Liceos Bicentenario y el financiamiento del Museo Interactivo Mirador (MIM), considerado un referente en divulgación científica. En paralelo, organismos vinculados al desarrollo productivo, como Corfo, y herramientas de apoyo a pequeñas empresas, como el Crédito MiPyme, también entrarían en la lógica de revisión presupuestaria.
¿Qué pasa con la PGU? Uno de los puntos más sensibles es la eventual afectación de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Si bien no existen definiciones detalladas sobre el alcance del ajuste en este ámbito, el solo hecho de que el beneficio esté en evaluación ha generado inquietud.
La discusión adquiere mayor relevancia al considerar el peso político de la PGU, impulsada durante la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera, y defendida en su momento como un pilar de la seguridad social. El recorte no se limita a lo social y educativo. De acuerdo a antecedentes publicados por La Tercera, la revisión presupuestaria también alcanzaría áreas como Seguridad Pública, Deportes, políticas de género y Transportes.
Seguridad, Equidad de Género y Deporte En materia de seguridad, el foco estaría puesto en optimizar recursos en un contexto de alta demanda ciudadana por mayor control del delito. En tanto, programas del Ministerio del Deporte y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también formarían parte del proceso de ajuste, junto a iniciativas vinculadas a movilidad y conectividad.