Nuevos antecedentes se incorporan a la investigación que involucra a la senadora Karol Cariola (PC) , luego de que la Policía de Investigaciones remitiera un informe a la Fiscalía Regional de Coquimbo en el marco de las indagatorias por presunto tráfico de influencias. De acuerdo con información de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (BRIAC) que elaboró un documento de 94 páginas, acompañado de más de 60 anexos, en el que se analizan gestiones realizadas por la entonces diputada ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, durante enero de 2022. El informe concluye que dichas acciones presentan elementos compatibles con el delito de tráfico de influencias, en el contexto de intentos por renovar patentes de alcohol del local comercial Chinamart, perteneciente al empresario Bo Yang, a quien la parlamentaria habría mencionado como “amigo” en conversaciones recuperadas mediante peritajes.
Según el documento, estas gestiones habrían generado una serie de actuaciones administrativas al interior del municipio que se extendieron en el tiempo, pese a que el Concejo Municipal ya había resuelto no renovar dichas patentes. En esa línea, la PDI estableció que, aunque las intervenciones no lograron revertir la decisión original, sí dieron origen a procedimientos considerados excepcionales, los que permitieron mantener activo un proceso que ya contaba con una resolución previa. Uno de los puntos relevantes del informe es que, tras las gestiones de Cariola, la entonces alcaldesa habría instruido a funcionarios municipales para revisar antecedentes, contactar a la Subdirección de Rentas y explorar alternativas que permitieran reactivar la tramitación.
Además, la investigación detalla que existieron comunicaciones insistentes entre los días 18 y 24 de enero de 2022, posteriores a la decisión del Concejo Municipal, en las que se solicitaba intervención para revertir el escenario administrativo. En paralelo, el informe consigna que otros imputados en la causa optaron por guardar silencio durante el proceso investigativo, incluyendo al empresario involucrado y a un intermediario identificado como nexo entre las partes. Desde la defensa de la senadora, el abogado Juan Carlos Manríquez cuestionó las conclusiones del documento, señalando que “además desde lo penal, los actos de trámite no son terminales y no puede haber tráfico de influencia sin interés patrimonial, lo que no existe en este caso.
El informe no entrega una conclusión categórica y no establece delito ni culpabilidad”. Cabe señalar que el Ministerio Público deberá ahora analizar estos antecedentes para definir los próximos pasos en la investigación.