No obstante, planteó que la iniciativa puede perfeccionarse incorporando medidas preventivas, mayor coordinación institucional y agravantes específicas en casos de crimen organizado o afectación a agricultores de menor escala. Desde el Partido Demócratas, la diputada Joanna Pérez coincidió en que el proyecto visibiliza una problemática históricamente relegada. Según indicó, no se trata solo de delitos, sino de afectaciones profundas a familias rurales y a toda la cadena productiva.
En ese sentido, respaldó la necesidad de sanciones más severas, pero insistió en complementar la iniciativa con medidas que mejoren la prevención y la persecución penal, especialmente en zonas de difícil acceso. A estas voces se sumó el diputado Patricio Briones, quien relevó el impacto que este tipo de delitos tiene sobre el tejido productivo regional. “Como parlamentario por la Región del Biobío, región forestal y agrícola, es un gran avance proteger justamente a aquellos microempresarios, pero principalmente aquellos que luchan día a día, por parar sus proyectos de vida.
Mayores sanciones significan quizás una pequeña garantía para proteger el patrimonio, su trabajo y principalmente la tranquilidad de comunidades que ven en estos dos gremios la forma de ganarle decentemente al sistema”, afirmó.