La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó la incautación de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y del empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad, con el objetivo de restituir al Estado cerca de US$ 290 millones por daños derivados de hechos de corrupción. El máximo tribunal penal rechazó por unanimidad los recursos presentados por las defensas y ratificó lo resuelto previamente por el Tribunal Oral Federal 2, consolidando el decomiso de activos vinculados a los condenados. Según la resolución judicial, si el monto fijado no es cubierto en un plazo de diez días, se abrirá la etapa de ejecución patrimonial, lo que podría derivar en el remate público de bienes embargados.
Entre los activos alcanzados figuran millones de dólares en efectivo, 213 propiedades, seis sociedades, 111 departamentos y vehículos. La Justicia determinó que estos bienes servirán para compensar los sobreprecios detectados en 51 licitaciones de obras públicas y los perjuicios provocados por proyectos inconclusos. Fernández informó en su última declaración patrimonial activos por unos US$ 230 mil, luego de haber transferido parte importante de su patrimonio a sus hijos mediante un anticipo de herencia.
La exmandataria fue condenada a seis años de prisión, pena que cumple bajo arresto domiciliario, por administración fraudulenta vinculada a la adjudicación de obras viales durante sus gobiernos. Fernández rechaza las acusaciones y sostiene que enfrenta una persecución política y judicial.