Mientras estos recortes sociales se asoman, la crisis económica que podría generar el alza del petróleo como consecuencia de la guerra queda sin un plan de acción para proteger a las personas. El gobierno decidió traspasar el costo de las alzas de los combustibles a la clase media, por una supuesta falta de recursos, y obligar a la gente a apretarse el cinturón desde varios frentes, pero paralelamente avanzan con rapidez en una rebaja de los impuestos corporativos para las grandes empresas. Lo que vemos hoy es una pantalla legislativa y comunicacional montada para el abuso, un despliegue pensado para justificar que sean las clases medias y las familias más vulnerables las que enfrenten el rigor de un recorte del gasto público, mientras los que más tienen se beneficiarán de menores impuestos.
Desde la oposición, nuestra obligación es no permitir que una aplanadora legislativa pase por alto los acuerdos que tanto le han costado a nuestro país. Vamos a estar siempre del lado de la clase media y de las familias chilenas que más lo necesitan, y vamos a estar atentos a que estos retrocesos que solo golpean a algunos sean el futuro que se nos promete. La emergencia no puede convertirse en un castigo para la calidad de vida de las personas.