La oposición ha desplegado una serie de estrategias en el Congreso para ralentizar la tramitación de proyectos impulsados por el Gobierno, en medio del debate legislativo previo a la Cuenta Pública del próximo 1 de junio. Según voces del oficialismo, el objetivo de esto es evitar que el Ejecutivo llegue a esa fecha con avances concretos que exhibir. Presión en Plan de Reconstrucción Uno de los episodios que refleja este escenario se produjo en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en el cual se discute el Plan de Reconstrucción, donde se generó un intercambio entre el diputado Daniel Manouchehri (PS) y el presidente de la instancia, Agustín Romero (Republicanos).
Esto, luego de que el parlamentario cuestionara la intención de votar en general el proyecto durante esta misma semana. "Es un proyecto que viene con normas que van a implicar el amarre y el candado de este proyecto por 25 años", advirtió Manouchehri, agregando que, si bien el Gobierno puede buscar celeridad, "el país merece que exista una discusión todo el tiempo que sea necesario". Asimismo, expresó su preocupación porque la comisión aún no ha escuchado a los expertos convocados, en un contexto marcado por la suma urgencia de la iniciativa -que obliga a acotar los plazos de tramitación-.
Cabe recordar que las exposiciones deben realizarse de manera presencial y antes de la votación en general. Frente a estas críticas, Romero defendió el cronograma: "Tenemos, lamentablemente, que cumplir con la urgencia. Si no, ¿para qué existen las urgencias?
". En esa línea, reconoció que habría preferido más tiempo para el análisis, pero enfatizó que "vamos a cumplir con la urgencia sí o sí", añadiendo que otras comisiones podrán profundizar en aspectos específicos del proyecto. Esto ya que una de las principales herramientas utilizadas por la oposición ha sido solicitar la comparecencia de un alto número de expertos.
En tanto, durante la sesión de este martes expondrán en la comisión representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, asociaciones de organismos técnicos de capacitación (OTEC), la ANEF y la CPC, entre otros actores. Otro foco de controversia se abrió en la Comisión de Constitución, donde su presidente, Jaime Mulet (FRVS), solicitó evaluar si la norma de invariabilidad tributaria por 25 años -incluida en el proyecto de "Reconstrucción Nacional"- requiere una reforma constitucional para su tramitación. Esta definición deberá ser resuelta en los próximos días y podría abrir la puerta a una eventual impugnación ante el Tribunal Constitucional.
Educación y migración Las dilaciones también se replican en otras instancias del Congreso. En la Comisión de Educación del Senado, donde se discute el proyecto de Escuelas Protegidas, se prevé que la votación se realice la próxima semana debido a la amplia lista de expertos invitados. Durante el debate, la senadora Yasna Provoste (DC) sostuvo que, si bien es difícil oponerse a la iniciativa, la discusión requiere mayor profundidad técnica.
En tanto, en el Senado, la tramitación del proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país también generó controversia. En concreto, las senadoras Danisa Astudillo (PS) y Loreto Carvajal (PPD), junto al senador Esteban Velásquez (FRVS), respaldaron elevar el umbral de aprobación desde mayoría simple a mayoría absoluta (26 votos). Esta decisión contrasta con lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa fue aprobada con 88 votos a favor, superando incluso el quórum de ley orgánica constitucional, sin que se cuestionara este punto.
La discusión se trasladó así al Senado, donde desde el oficialismo calificaron la medida como una "maniobra dilatoria". En tanto, sus impulsores argumentan que el cambio se sustenta en un criterio jurídico, apoyado en un informe de la Corte Suprema. En dicho documento, el máximo tribunal advirtió que la consulta original no precisaba qué normas se vinculaban con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
No obstante, al revisar el contenido del proyecto, estimó que sí cumplen con ese requisito disposiciones presentes tanto en el artículo 119 ter de la Ley N° 21. 325 de Migración y Extranjería como en el Código Procesal Penal. Esto se explica porque la iniciativa consta de dos artículos: el primero modifica la Ley de Migraciones, mientras que el segundo introduce cambios al Código Procesal Penal.
Es precisamente en este último punto donde los senadores que impulsan el ajuste encuentran fundamento para exigir un quórum mayor, al considerar que las normas inciden en materias propias del sistema judicial. Entre ellas, se contempla una nueva hipótesis para decretar prisión preventiva, al establecer que la libertad del imputado podría constituir un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, se incorpora la obligación de los tribunales de informar al Registro Civil cuando el imputado no cuente con Rol Único Nacional o no sea posible determinar su identidad, tal como recoge el oficio de la Corte Suprema remitido en julio de 2024.