El exministro de Vivienda, Carlos Montes, asistió este martes a la comisión de Vivienda del Senado para abordar el Informe Final N° 421 de la Contraloría General de la República, que analizó la adquisición de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. En la antesala de la sesión, el exsecretario de Estado subrayó que durante su gestión "se ha fortalecido el sistema de gestión de suelo", destacando que, a partir de la Ley 21. 450, se incorporaron nuevas herramientas para seleccionar terrenos, mejorar los controles y prevenir problemas de probidad.

Durante su exposición, Montes defendió la política impulsada entre 2022 y 2026, afirmando que las observaciones del órgano contralor apuntan principalmente a aspectos procedimentales y no a irregularidades de fondo. "Interpretar sobreprecio es como decir que el Estado está en quiebra: no es verdad. La Contraloría nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal.

Lo que hizo fue plantear observaciones de mejora de gestión y procedimientos en una política nueva, compleja y de largo plazo", sostuvo. En esa línea, recalcó que el informe no derivó antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, el exministro enfatizó que las compras de terrenos se realizaron con tasaciones vigentes de los servicios respectivos y, cuando correspondía, con evaluaciones adicionales.

A su juicio, cuestionar los valores pagados desconoce el funcionamiento del mercado del suelo urbano y el objetivo de la política pública, que apunta a evitar la expansión de viviendas sociales hacia zonas periféricas. Montes también defendió el cambio de enfoque en la localización de proyectos habitacionales, destacando que la adquisición de terrenos mejor ubicados -cercanos a servicios y conectividad- implica un mayor costo inicial, pero genera una mayor rentabilidad social en el largo plazo. "Comprar suelo céntrico cuesta más por metro cuadrado, pero termina siendo más barato para el Estado y para las familias", afirmó, advirtiendo que construir en zonas alejadas implica mayores costos futuros en infraestructura y servicios, como ocurrió en sectores como Bajos de Mena.

En esa misma línea, sostuvo que la política de gestión de suelo responde a una estrategia de continuidad estatal, iniciada en el gobierno de Sebastián Piñera y profundizada durante la administración de Gabriel Boric. Según explicó, uno de los objetivos centrales fue la creación de un banco de suelo para anticipar la demanda habitacional futura y no limitarse a la ejecución inmediata de proyectos. "El Estado no puede seguir comprando terrenos solo cuando ya tiene el proyecto listo, porque llega tarde y termina pagando más caro o construyendo donde nadie quiere vivir", planteó, agregando que esta estrategia busca dejar capacidades instaladas para las próximas administraciones.

Finalmente, una vez concluida la instancia, Montes se refirió a la posible Acusación Constitucional que se planea presentar en su contra, indicando que "pueden acusarme de cometer errores en muchos momentos, probablemente, pero de ahí a tratar de decir que somos responsables de determinadas cosas de probidad, yo creo que hemos sido muy cuidadosos". Asimismo, valoró la instancia legislativa, señalando que permitió "tener más información y no quedarse solo con ciertas cuñas que no necesariamente reflejan lo que dicen los informes". Senadores se refirieron al informeTras la sesión, el senador Fidel Espinoza (PS) destacó la instancia, donde sostuvo que "hoy día se ha hecho lo que nadie hasta esta fecha, desde el informe de la contraloría había hecho, un análisis pormenorizado del informe en cuestión".

"En ninguna parte ese informe habla de sobreprecio, de que hay que retrotraer alguna compra, de que hay una objeción sobre respecto a algún terreno en particular, sino lo que hace son advertencias claras respecto a que los procedimientos tienen que mejorarse, perfeccionarse, y eso bajo el punto de vista alguno es constituido de algún acto anómalo que haya ocurrido en la gestión del exministro Montes", agregó. El senador finalizó asegurando que "creo que cada uno de los miembros integrantes de la comisión hemos quedado clarísimos respecto a que aquí no hay nada que se acerque a alguna falta a la probidad que ha demostrado durante toda su vida y su carrera política el exministro Montes". Desde el oficialismo, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) indicó que "fue bastante claro el el exministro Monte en su exposición, hizo una exposición de toda su gestión como ministro, donde también nos logró visibilizar ciertas falencias que tiene actualmente el sistema".

"Ahora, en lo concreto, respecto al informe de contraloría, yo creo que, si bien es cierto, uno cree que lo lo deseable es, efectivamente, tener una política de sueldo. Creo que no se cumplieron cabalmente lo que establecía la política de emergencia habitacional, que primero exigía que hiciese un reglamento para la compra de terreno, después establecía ciertas regiones donde debía comprarse el el terreno. Uno puede tener una visión diferente, que es la que tuvo el ministro en su exposición, pero creo que no se cumple lo que establecía la ley en su minuto".