Pablo Salgado Escuela de Medicina Veterinaria Universidad Andrés Bello La discusión sobre el denominado “Plan de Reconstrucción Nacional” impulsado por el actual gobierno ha abierto un debate relevante respecto al futuro de sectores estratégicos para Chile. Entre ellos, la salmonicultura ocupa un lugar central, particularmente por las modificaciones propuestas en el Artículo 6 sobre relocalización de concesiones salmoneras. Este apartado busca simplificar procedimientos administrativos, eliminando la obligación automática de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para todas las relocalizaciones y eximiendo determinadas micro-relocalizaciones cartográficas de evaluación ambiental e inspección en terreno.
El argumento oficial apunta a mejorar productividad y reducir burocracia, aunque el debate surge en un contexto donde Chile arrastra un largo historial de conflictos ambientales asociados a la acuicultura. La salmonicultura posee una relevancia económica indiscutible. Según cifras del Banco Central de Chile, durante 2025 las exportaciones de salmón alcanzaron US$6.
549 millones, posicionándose como el segundo producto de exportación de Chile después del cobre y representando el 6% de las exportaciones nacionales. Además, el Consejo del Salmón señala que Chile concentra cerca del 30,5% de la producción mundial de salmón, consolidándose como el segundo productor global. La industria genera, además, alrededor de 70 mil empleos directos e indirectos en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Dada esa magnitud económica y territorial, cualquier modificación regulatoria requiere una discusión técnica seria, basada en evidencia científica y no únicamente en criterios administrativos o de productividad de corto plazo. En este contexto, resulta interesante el análisis jurídico publicado por la abogada Jéssica Fuentes en Salmonexpert, donde se plantea que el proyecto no elimina completamente el ingreso al SEIA para todas las relocalizaciones, sino que modifica una exigencia sectorial específica, manteniéndose vigente la aplicación general de la normativa ambiental. Ese punto es relevante porque el debate público se ha simplificado entre “más regulación vs.
menos regulación”, cuando en realidad la discusión debería centrarse en cómo lograr procesos más eficientes sin debilitar estándares ambientales ni aumentar incertidumbre jurídica. Desde una mirada técnico-productiva, mover centros desde zonas con mayores restricciones oceanográficas hacia áreas más adecuadas podría disminuir presión ambiental y riesgos sanitarios acumulativos. Sin embargo, la experiencia chilena demuestra que los desafíos ambientales de la salmonicultura son complejos y multifactoriales.
Floraciones algales nocivas, uso de antimicrobianos, interacción con fauna silvestre y eventos de mortalidad masiva requieren análisis interdisciplinarios donde converjan ciencias veterinarias, oceanografía, epidemiología y gestión ambiental. Por ello, la ciencia debe transformarse en un pilar fundamental de la toma de decisiones. La competitividad futura de la salmonicultura chilena no dependerá solamente de agilizar permisos, sino también de demostrar sostenibilidad con estándares robustos y evidencia científica transparente.
La ciencia no debe aparecer al final de la discusión regulatoria para validar decisiones ya tomadas, sino ser el punto de partida para construir políticas públicas modernas, equilibradas y sostenibles para el desarrollo de la salmonicultura chilena.