El proyecto de ley mal denominado de “Reconstrucción Nacional” –o proyecto de ley miscelánea, como también se le conoce– presentado hace pocos días por el Gobierno, contiene entre sus disposiciones una norma que, aparentemente bien inspirada en la necesidad de “innovación”, es en realidad una temible embarcación corsaria de bandera falsa. De aprobarse en los términos formulados, podría acarrear consecuencias muy graves para la prensa, la cultura y el ecosistema informativo del país. Se trata del artículo 8 de la iniciativa, que incorpora un nuevo artículo 71 T a la Ley N.

º 17. 336 sobre Propiedad Intelectual, que faculta para arrebatar y utilizar el trabajo de terceros sin pedir ni pagar a sus titulares, siendo la beneficiaria final de este verdadero zarpazo la plutocracia de Silicon Valley, controladora de la inteligencia artificial (IA). Como se sabe, la regla propuesta pretende autorizar el uso de obras ya publicadas sin requerir autorización ni pago a sus titulares, siempre que ese uso se realice con fines de extracción, comparación, clasificación o análisis estadístico de datos.

En concreto, los sistemas de IA podrían seguir nutriéndose impunemente del contenido producido por los medios de comunicación chilenos, sin contraprestación alguna para sus creadores. El uso no autorizado ni compensado se habilita de forma amplia cuando tenga por finalidad el análisis de grandes volúmenes de datos y no constituya una explotación comercial encubierta. Esta salvaguarda, sin embargo, resulta completamente insuficiente y de difícil fiscalización.

Lo que está en juego no es un tecnicismo jurídico. Los medios de comunicación –y en particular la prensa local y regional– atraviesan una crisis estructural de financiamiento, que es de público conocimiento. Los ingresos publicitarios de los medios han migrado hacia múltiples y dispersas plataformas tecnológicas, mientras los costos de producir información verificada y de calidad son altos.

Convertir el trabajo periodístico en insumo gratuito para empresas de escala global no es innovación ni una norma “proempleo”, como diría el ministro Quiroz. Es, en verdad, una forma de expoliación y extractivismo inaceptable que agrava una crisis existente. Expertos en derecho de la información han advertido que el alcance de la norma es muy amplio, pues cubre la totalidad de las facultades económicas reconocidas por la legislación a los autores, incluyendo de manera muy relevante el contenido periodístico.

Además, es necesario enfatizar que esta norma –que ha sido incluida como si nada en el proyecto de ley miscelánea– no hace sino repetir, casi textualmente, una propuesta presentada en 2024, durante el Gobierno anterior, la que fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados precisamente por afectar los derechos de autor. Y esto, habida cuenta de su enorme calado e incidencia, además de ausente urgencia, se trata de algo tramposo, porque no procede incluirla para su debate en un procedimiento “de emergencia”, esquivando su sede natural: el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, actualmente en segundo trámite en el Senado. Chile necesita actualizar su legislación frente a los monumentales y arrolladores desafíos de la IA, qué duda cabe, pero esa adaptación debe realizarse sobre la base de criterios ecuánimes y mecanismos sensatos de compensación para los creadores de contenido, amén del espacio legislativo apropiado.

El artículo 71 T debe ser retirado del proyecto en trámite. No resulta tolerable para nuestra democracia y convivencia republicana poner en riesgo el periodismo plural e independiente, bajo el postizo pretexto de fomentar la innovación, mientras se permite –derechamente– que lo ultrajen. Y, para colmo de males, en beneficio de multimillonarios tecnológicos extranjeros, varios de los cuales han publicado recientemente sus “mandamientos”, entre los que reconocen sin tapujos su falta de aprecio por la libertad y la democracia.

Ni más ni menos.