El proyecto del nuevo hospital de La Serena, es una de las obras más relevantes para la red de salud de la Región de Coquimbo, que continúa marcado por una controversia entre la sociedad concesionaria Acciona y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), luego de que el Panel Técnico de Concesiones emitiera su recomendación frente a los retrasos que han afectado su desarrollo. La disputa se originó en el proceso de elaboración, revisión y aprobación del Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID), etapa fundamental que define las condiciones técnicas para la construcción del recinto. Según la concesionaria, durante este proceso se generaron múltiples dificultades que terminaron impactando de forma significativa el cronograma del proyecto.

Entre los principales cuestionamientos, la empresa apuntó a la existencia de observaciones tardías, reiteradas e, incluso, contradictorias por parte de los equipos revisores del MOP, lo que —a su juicio— desnaturalizó el procedimiento establecido en las bases de licitación. A esto se sumaron problemas de coordinación institucional, alta rotación de equipos técnicos y la incorporación de nuevas exigencias en etapas avanzadas del diseño. Como consecuencia, la concesionaria sostuvo que el proceso de revisión se extendió muy por sobre los plazos originalmente contemplados, generando un impacto acumulado de 266 días en la programación del proyecto, afectando tanto la fase de diseño como el inicio y continuidad de la construcción.

A este escenario se agregaron factores externos que complejizaron aún más la ejecución de las obras. Uno de los episodios más relevantes fue la paralización total de faenas ordenada por la Dirección de Obras Municipales de La Serena en noviembre de 2024, medida que posteriormente fue declarada ilegal por el SERVIU. Tras ello, además, se impusieron restricciones para la reanudación del tránsito de camiones, lo que obligó a modificar la operación en terreno y redujo la productividad en actividades críticas como la excavación masiva.

El rechazo del MOP Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas rechazó la interpretación de la concesionaria, argumentando que las observaciones realizadas forman parte del proceso normal de revisión de proyectos de alta complejidad, como es el caso de un hospital, y que en ningún caso se configuraron incumplimientos atribuibles al Estado. Frente a estas posiciones contrapuestas, la controversia fue sometida al Panel Técnico de Concesiones, instancia encargada de analizar este tipo de discrepancias en contratos de obra pública concesionada. Conclusiones del Panel Técnico En su análisis, el Panel revisó en detalle el proceso de revisión del PID, la trazabilidad de las observaciones y el impacto de los actos de autoridad en la ejecución del contrato.

En sus conclusiones, el organismo reconoció que el proceso experimentó desviaciones respecto de lo previsto contractualmente, particularmente en la forma en que se gestionaron las observaciones, lo que contribuyó a extender los plazos del proyecto. No obstante, el Panel no validó la totalidad del atraso reclamado por la concesionaria. En cambio, estableció un reconocimiento acotado del impacto en plazo, poniendo especial énfasis en aquellos hechos que efectivamente escapan al riesgo contractual asumido por la empresa.

En este contexto, uno de los puntos más relevantes de la recomendación es el reconocimiento de 10 días adicionales a favor de la concesionaria, correspondientes al período de paralización total de las obras decretado por la Dirección de Obras Municipales y posteriormente declarado ilegal. Según el análisis del Panel, este episodio constituye un acto de autoridad que afectó directamente la ejecución del contrato, por lo que su impacto en plazo debe ser considerado. Este reconocimiento, aunque menor en comparación con lo solicitado por la empresa, marca un precedente importante al establecer que no todos los retrasos pueden ser imputados a la concesionaria, especialmente cuando derivan de decisiones externas que escapan a su control.

Mesa de trabajoSin embargo, más allá de la cuantificación de días, el énfasis principal del Panel Técnico apunta a la necesidad de dirigir el conflicto hacia una solución colaborativa. En esa línea, el organismo recomienda la conformación de una mesa de trabajo entre las partes, con el objetivo de revisar en detalle los impactos del proyecto, mejorar la coordinación técnica y administrativa, y evitar la profundización de la controversia. Esta mesa permitiría abordar de manera conjunta aspectos clave como la gestión del proceso de revisión, la coordinación entre organismos públicos involucrados y la correcta asignación de riesgos dentro del contrato, elementos que han estado en el centro del conflicto.

Si bien la recomendación del Panel no es vinculante, constituye un paso obligatorio dentro del sistema de resolución de controversias en concesiones, y puede influir de manera decisiva en eventuales instancias arbitrales o judiciales si las partes no logran un acuerdo. En este escenario, el futuro del proyecto dependerá en gran medida de la capacidad de ambas partes para acoger las recomendaciones y avanzar en una solución que permita retomar el ritmo de ejecución.