En el texto, elaborado en conjunto con la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit) y el Colegio de Contadores, la entidad puso sobre la mesa cinco problemáticas del sistema para las pequeñas firmas y su propuesta de solución. El primero es la simplificación del sistema tributario, advirtiendo que hoy existen unos 30 regímenes de tributación para las pequeñas sociedades. Así, plantearon que se requiere reducir a la mitad los regímenes aplicables las PYME, bajando la carga administrativa y la “complejidad contable”.

El segundo foco se relaciona con el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes, para lo cual apuntan a reforzar la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) y hacer efectiva la responsabilidad de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que dilaten o entorpezcan el emprendimiento, aplicando sanciones administrativas cuando actúen fuera del marco legal. Mantener en 12,5% la tasa que grava las utilidades del sector es la tercera medida, argumentando que con los últimos cambios legislados en el Congreso el gravamen se incrementará a 25% hacia el 2029, “lo que sería contradictorio, pues la tasa de grandes empresas bajaría en el mismo período”. “Puesto que el régimen 14D3 (Régimen Propyme) es 100% integrado y los impuestos finales son en base a retiro, la tasa corporativa de 12,5% es más que suficiente para cubrir los impuestos finales de este sector”, dice el documento.

Reintegración La Multigremial, Fesit y el Colegio de Contadores apuntaron sobre el problema de que cerca de 100 mil PYME están en el régimen semiintegrado donde tributan las grandes empresas, por lo que piden integración total con derecho a la devolución del crédito por Impuesto de Primera Categoría cuando este exceda el Impuesto Global Complementario para las pequeñas firmas. Cabe recordar que los socios de las empresas de mayor tamaño en el régimen general solo pueden utilizar hasta un 65% del impuesto corporativo como crédito en sus tributos personales. En quinto lugar, solicitaron crear mecanismos de representación judicial técnica y gratuita (o de bajo costo) para micro y pequeñas empresas, garantizando el acceso a la justicia tributaria y la “igualdad de armas” frente al SII.

“Una opción es entregar a la Defensoría del Contribuyente la facultad de representar judicialmente a las Mipes”, señaló el documento.