La columna “Cultivos editados genéticamente: regulación débil, riesgos invisibles” plantea preocupaciones atendibles sobre evaluación de riesgos, atribuciones de la autoridad, transparencia y monitoreo. Es una discusión válida y necesaria. Pero para que sea realmente útil, conviene partir de una premisa clave.

No toda innovación biotecnológica presenta el mismo nivel de riesgo, y por eso no toda debe recibir el mismo tratamiento regulatorio. Ese es, precisamente, el sentido del enfoque que Chile busca formalizar a través del SAG. No se trata de “desregular”, sino de regular según el riesgo real del producto y no solo según la herramienta utilizada para obtenerlo.

Cuando una edición genética genera un cambio equivalente al que también podría surgir espontáneamente en la naturaleza o mediante mejoramiento convencional, y no incorpora ADN foráneo, exigirle el mismo tratamiento que a un transgénico no aporta más seguridad, solo introduce rigidez, demora e incertidumbre. La evaluación basada en riesgo es precisamente el criterio que han ido adoptando los marcos regulatorios modernos como la propuesta de SAG. Es decir, analizar el producto y sus características, no sobrerregular una técnica por su nombre.

La propuesta del SAG formaliza un procedimiento que opera desde 2017 y contempla la presentación de antecedentes, la revisión técnica, el pronunciamiento de la autoridad y las potestades de fiscalización y sanción. La verificación regulatoria no consiste en que el Estado replique cada evento en un laboratorio propio, ni en que valide la información presentada mediante sus propios análisis. En ninguna jurisdicción ese sería el estándar general.

La verificación real consiste en exigir información, revisar la consistencia técnica y fiscalizar el cumplimiento, y sancionar en caso de falsedad o incumplimiento. La transparencia en las decisiones también forma parte de un buen sistema, pero debe entenderse con criterio técnico. Transparencia no significa alimentar alarmas con exigencias desproporcionadas, sino publicar criterios, dar certeza sobre cómo decide la autoridad y permitir que los actores comprendan por qué un producto queda o no sometido a regulación de OGM (o transgénicos).

Justamente eso es lo que busca la formalización del procedimiento chileno. Por último, el monitoreo en “casos sensibles” pareciese razonable, sin embargo, imponer monitoreo por defecto a cambios que imitan mutaciones naturales o convencionales no mejora la bioseguridad, solo burocratiza la innovación y confunde a la opinión pública. A diferencia de los transgénicos, muchos productos de la edición genética no contienen ADN de otra especie.

Por eso, cuando el resultado final equivale a una variación natural o convencional, no existe un marcador específico que permita trazarlos analíticamente como si fueran una categoría separada. Pretender imponer la trazabilidad generalizada es una exigencia imposible de aplicar de manera consistente. De hecho, en ningún país del mundo los productos derivados del mejoramiento convencional son revisados, analizados o monitoreados por sus mutaciones espontáneas o por la acumulación de cambios genéticos.

No hay base técnica para exigir más, solo por el método, cuando el resultado es equivalente (pero en menos tiempo, menos costos y de manera más eficiente con la edición genética). El riesgo, entonces, no está solo en regular poco. También está en regular mal.

Una sobreregulación puede frenar investigación, desalentar inversión, restar competitividad al sector agroalimentario chileno y alejarnos de lo que hoy ya están haciendo otros países de la región (sólo Bolivia y Venezuela aún no tienen regulación) y economías desarrolladas. Y eso tiene consecuencias concretas. Menos herramientas para responder con oportunidad a la sequía, al calor y frío, a nuevas plagas y a otros efectos del cambio climático, que en Chile ya son una realidad.

Un marco regulatorio correcto promueve ese desarrollo de forma responsable e informada, no lo obstaculiza. En vez de plantear esta discusión como una disyuntiva entre innovación y resguardo, quizás conviene asumir que el verdadero desafío es otro: construir reglas claras, proporcionales al riesgo y basadas en evidencia. Ese es el camino para fortalecer la confianza pública, cuidar la bioseguridad y, al mismo tiempo, permitir que la ciencia aporte soluciones reales a una agricultura que enfrenta desafíos cada vez más urgentes.