Con 103 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados la ley de Escuelas Protegidas. Ingresada por el Ejecutivo, pasó a su tramitación en el Senado. En ese sentido, los diferentes estamentos de la educación en la Región del Biobío, incluyendo a los asistentes, profesores y directivos, en una coincidencia general, solicitan a la Cámara Alta tener en cuenta una mayor claridad respecto de quienes serían los encargados de ejecutar las medidas que se establecen en este cuerpo legal.
Es que la ministra de Educación, María Paz Arzola, al finalizar la votación señaló que “en general en la tramitación existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que nosotros queremos introducir”. Por lo cual se prefirió, desde el Gobierno, dejar que las formas de ejecución fuesen definidas en los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales. Desde la Federación Regional de Asistentes a la Educación del Biobío, su presidente Miguel Ángel Araneda, indicó que “el Senado, respecto al punto de revisión de mochila, debe tener claro que eso no es parte de nuestras funciones y tampoco nosotros tenemos las atribuciones para poder revisar mochilas”.
En ese sentido, manifestó que, si el alumno se rehúsa a que le revisen su mochila, sólo quedaría llamar a Carabineros. “Esto, en realidad es súper complejo, las escuelas son la extensión del entorno donde están, muchas veces los territorios donde están las escuelas son gobernados por pandillas”, explicó Araneda, asegurando que existe temor de parte de los trabajadores. La solución, de acuerdo al representante de los Asistentes de la Educación, es que se contrate personal especializado para hacer revisión de mochilas y ese punto dejarlo estipulado en la ley.
“Esto genera una controversia, que en realidad nosotros se la expusimos a la ministra”, detalló respecto de una reunión que mantuvieron como asistentes a la educación. En otro aspecto Miguel Ángel Araneda, criticó que este proyecto de ley se genere sin recursos, lo que lo hace inaplicable. “Lo que se necesita es tener más actividades deportivas, culturales, que tengan al alumno ocupado, no solamente dentro del aula”, estableció.
En tanto, el presidente del Colegio de Profesores de la Región del Biobío, Jorge Barriga, respecto del punto sobre la revisión de mochilas, afirmó que “nos gustaría que quede explícito quién lo va a hacer”. Como representantes del gremio, Barriga comentó que entienden que este proyecto será aprobado rápidamente. “Es un proyecto del Ejecutivo que tiene respaldo amplio en las cámaras, por lo tanto, va a ser aprobado, eso lo sabemos.
Pero como docentes, no queremos hacernos responsables y no estamos dispuestos, ya que no estudiamos para revisar mochilas, ni para estar en la puerta con el detector de metales”, afirmó. En ese aspecto, lo que demanda el presidente del magisterio en Biobío es que se defina claramente quién debería hacerse cargo de esa labor. “Estoy seguro que nuestros colegas asistentes de la educación tienen nuestra misma posición”.
manifestó. Desde el Servicio Local de Educación Pública (Slep) Andalién-Costa, Ramón Jara, director ejecutivo, dijo que en el Senado está la oportunidad de fortalecer la propuesta. “Asegurando que su implementación contribuya efectivamente a mejorar la seguridad y la convivencia escolar, resguardando al mismo tiempo los derechos de los estudiantes”.
Jara destacó que lo prioritario es incorporar lineamientos claros e instancias de capacitación para los equipos educativos. “Evitando espacios de discrecionalidad, promoviendo prácticas basadas en criterios objetivos y formativos”, argumentó. De acuerdo a la opinión de Ramón Jara, el revisar las mochilas debería ser una medida excepcional y aplicada en contextos de sospecha fundada.
Según el director del Slep Andalién-Costa, debería fortalecerse el rol de las familias, prefiriendo que ellos se involucren antes de la intervención de fuerzas policiales. En cuanto al contenido de la norma, aseguró que debería ser incorporada en el Reglamento Interno mediante protocolos claros con medidas proporcionales, formativas y debidamente reguladas. “Resulta fundamental que el Ministerio de Educación entregue lineamientos técnicos y orientaciones comunes a nivel nacional, que permitan a los establecimientos contar con criterios homogéneos para su implementación”, afirmó.
El profesor de Derecho Procesal y director del Observatorio Política Criminal y Seguridad Pública de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz Carrasco, comentó que con esta ley hay un asunto relativo a la privacidad que debería analizarse. “Es complejo el hecho de permitir que se revisen las mochilas por parte de adultos en relación a niños, niñas y adolescentes, sin que exista un protocolo claro en términos de cuál es el límite de aquello quién va a verificar este tipo de revisiones”, expuso. Además, de acuerdo a la perspectiva del académico, correspondería evaluar el incorporar otro personal que pudiese llevar a cabo este tipo de acciones.
“Y sin lugar a dudas, tener en consideración hasta dónde esto va a ser útil, porque se han experimentado medidas sensacionalistas en otros países, que al estar advertidos aquellos que quieren ingresar elementos al establecimiento escolar, burlan este tipo de medidas”, manifestó Cruz. La formación y el acompañamiento, son medidas que al docente de Derecho Procesal le parecen mucho más atingentes, así como robustecer la autoridad de los profesores y la directiva en el colegio. “Parece bastante simplista y peligrosa la propuesta, porque pudiese dar pie a que la ciudadanía quede conforme y no tome en cuenta que en realidad el problema va a seguir subsistiendo, porque es mucho más profundo”, argumentó el académico de la UdeC.