"Actualmente, hablar de sanciones en estos temas parece casi prohibitivo. Cuando se plantea, por ejemplo, que los alumnos que agredieron a la autoridad deberían ser expulsados, surgen voces advirtiendo que se estaría coartando el derecho a la educación. A mi juicio, esa visión es errónea: las sanciones deben aplicarse, aunque lógicamente acompañadas de un modelo preventivo y de un diálogo social mucho más profundo, especialmente en colegios y universidades", asevera.

Impacto social y "esfuerzo estructural" Son varios los impactos que tiene la violencia expresada en lo social y político, y con distintas dimensiones a corto y largo plazo, según los expertos. Meléndez apunta a que el impacto social de esta situación es la destrucción progresiva del sistema educativo. "El mejor ejemplo son los colegios emblemáticos, donde la labor pedagógica se ha vuelto prácticamente imposible, una realidad que ya se extiende mucho más allá de esos establecimientos".

"Asimismo, en muchas universidades las autoridades se encuentran condicionadas por estudiantes que, mediante el ejercicio de la fuerza o amenazas reiteradas, limitan la gestión institucional. En resumen, nos encontramos en un escenario crítico, enfrentando los resultados de aquello que no quisimos abordar hace diez o veinte años y que permitimos crecer hasta su validación definitiva tras el estallido social", opinó. Por su parte, Mario Herrera, Cientista Político de la U.

de Talca, prevé escenarios a corto y largo plazo. En el corto plazo, considera que la posibilidad de que siga aumentando depende de la capacidad del gobierno para asociar la manifestación con violencia. "La manifestación muy temprana en un gobierno puede tener estos efectos contraproducentes contra la misma movilización.

Algo parecido le pasó a Milei en Argentina. Hubo manifestaciones desde el inicio, poco masivas y con resultado de violencia. Si coinciden estos tres factores, el gobierno podrá aislar las manifestaciones y asociarlas con hechos de violencia".

En tanto, la apuesta a largo plazo para disminuir los niveles de violencia política y social "pasan por el trabajo con las comunidades educativas, por fortalecer la educación cívica y por incentivar las formas democráticas como canales legítimos para resolver problemas y canalizar demandas. Todo eso requiere un esfuerzo más estructural". La disyuntiva de Kast Con todo, Herrera cree que aunque habrá una condena transversal a los hechos en particular, el impacto social dependerá fundamentalmente del control del gobierno.

"Hoy Kast tiene dos decisiones posibles. La primera, y es el camino seguido hasta ahora, es anunciar querellas y apoyarse en la condena transversal a los hechos. La segunda es ceder ante el Partido Nacional Libertario (PNL) y endurecer el discurso, quitando beneficios a los involucrados o por la vía legislativa sin aceptar las modificaciones al proyecto de ley que hoy ofrece mejorar ChileVamos".

En ese sentido, advierte que si el gobierno opta por el segundo camino eventualmente "puede implicar una escalada del conflicto", particularmente en los grupos más radicales que son -además- quienes protagonizan los actos de violencia.