Un caso sin precedentes comenzó a abrirse paso en la justicia chilena y podría marcar un punto de inflexión en la fiscalización pesquera en alta mar. Una empresa china enfrenta una denuncia judicial por presunta pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile, en un proceso que, por primera vez, se apoya de manera central en evidencia obtenida desde el espacio. La acción fue presentada el pasado 30 de marzo por la ONG FIMA ante la Corte de Apelaciones de Iquique, en contra de la compañía Rongcheng City Rongyuan Fishery Co.
Ltd. , titular del buque Lu Rong Yuan Yu 667. La acusación apunta a que la embarcación habría realizado faenas de pesca en aguas jurisdiccionales chilenas, específicamente en la Región de Tarapacá.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el recurso, el buque ingresó a la ZEE durante la madrugada del 1 de octubre de 2025. Si bien su permanencia fue acotada, de al menos 47 minutos, el registro indica que alcanzó a internarse cerca de 594 metros dentro del área, espacio en el que la legislación chilena prohíbe la actividad pesquera de naves extranjeras. El episodio abre un flanco relevante para las autoridades.
La persecución de flotas extranjeras ha sido históricamente compleja debido a limitaciones operativas y de fiscalización en alta mar, donde la vigilancia directa es escasa y los recursos institucionales resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno. “Por la evidencia con la que contamos, resulta bastante claro el caso en que esta nave, mientras realizaba maniobras de pesca desde fuera de la zona económica exclusiva, ingresa a territorio jurisdiccional chileno, todavía realizando maniobras de pesca de pota o calamar, utilizando los sistemas de iluminación que se usan para atraer a los cardúmenes”, acusa Antonia Berríos, coordinadora general de ONG FIMA. Uno de los elementos más innovadores del caso radica en el tipo de la evidencia presentada.
La denuncia se sustenta en tres fuentes técnicas independientes que, según los denunciantes, convergen en una misma conclusión: la embarcación habría estado realizando actividades de pesca dentro de la ZEE chilena. En primer lugar, imágenes satelitales del sistema VIIRS de la NASA detectaron la presencia de potentes sistemas de iluminación encendidos mientras el buque se aproximaba al área. Este tipo de señales es característico de la pesca de calamar, donde se utilizan luces de alta intensidad para atraer cardúmenes durante la noche.
“Lo que esperamos que ocurra con la presentación de esta denuncia es que se le pida informe al armador de la nave que ha sido denunciada para que explique o justifique por qué o cómo es que se encontraba o no haciendo pesca extractiva en aguas chilenas. Y luego de eso, lo que corresponde es que se imponga la sanción”, agrega la investigadora de FIMA. A esto se suman los datos del sistema de identificación automática (AIS) de la propia nave, que registraron velocidades inferiores a un nudo dentro de la zona.
Este parámetro es considerado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) como un indicador típico de maniobras de pesca, en contraposición al desplazamiento de tránsito. El tercer elemento apunta a la temporalidad de la operación: la actividad se habría desarrollado durante la noche, patrón consistente con el funcionamiento de las denominadas “flotas poteras” en el Pacífico Sudoriental. “Son satélites que detectan la luz y el calor emitidos por los buques, equivalentes a una fotografía nocturna desde el espacio”, explicó el especialista en pesca ilegal, Milko Schvartzman, en referencia a la capacidad de estas herramientas para monitorear actividades en zonas remotas del océano.
Más allá del ingreso puntual a la ZEE, la denuncia también pone el foco en la eventual intencionalidad de la maniobra. Según los antecedentes recopilados, el mismo buque registró durante 2025 operaciones en las cercanías de las zonas económicas exclusivas de Perú y Argentina, manteniendo en esos casos distancias de seguridad respecto de los límites marítimos. Ese comportamiento, argumentan los denunciantes, sugiere que la tripulación contaba con información precisa sobre las fronteras jurisdiccionales, lo que podría reforzar la hipótesis de una infracción deliberada.
Desde Sernapesca, en tanto, se confirmó que la nave no cuenta con permisos ni registros habilitantes para operar en aguas chilenas.. Las sanciones contempladas por la legislación vigente para este tipo de infracciones son significativas. Estas van desde 60 a 400 UTM por tonelada de registro grueso.
Considerando que el buque alcanza las 1. 531 toneladas, la eventual multa podría escalar a montos elevados, además del posible comiso de las especies capturadas y de las artes de pesca utilizadas. “La pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no solo por la depredación del recurso sino también por la contaminación y delitos asociados como la trata de personas”, advirtió Berríos.
El caso se inserta en un problema estructural que trasciende las fronteras nacionales. Según cifras de Sernapesca, la pesca ilegal en Chile alcanza las 324 mil toneladas anuales, equivalentes a cerca de 397 millones de dólares en transacciones fraudulentas. A nivel global, estimaciones de Naciones Unidas sitúan las pérdidas económicas entre los 10 mil y 23 mil millones de dólares anuales, con efectos directos tanto en la biodiversidad marina como en la sostenibilidad de las economías costeras.
La acción judicial contra el buque Lu Rong Yuan Yu 667 constituye, además, el primer resultado concreto en Chile del proyecto Legal Ocean Watch (LOW), una iniciativa regional que busca fortalecer la vigilancia oceánica mediante el uso de tecnología satelital. El programa reúne a organizaciones de Chile, México, Panamá y Perú, y utiliza plataformas como Global Fishing Watch junto a sistemas de posicionamiento AIS y VMS para monitorear en tiempo real a las flotas pesqueras. Su objetivo es construir evidencia robusta que permita sustentar acciones judiciales y, al mismo tiempo, impulsar mejoras regulatorias en la región.
“Este caso puede sentar un precedente para situaciones similares, ya que sin esta información captada por tecnología satelital no era posible identificarlos, porque están lejos, porque es difícil patrullar y porque se hace justo en el margen y en el borde exterior de nuestra zona económica exclusiva. Esta nave probablemente pensó que podía quedar en la impunidad y no ser descubierta”, sostuvo Berríos al respecto.